El Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría simple en la Asamblea Legislativa, promovió resoluciones camarales para rechazar la supuesta “injerencia” de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). El miércoles se aprobó este documento en el Senado y ayer, cuando comenzaba el debate en la Cámara de Diputados, hubo tensión.
El diputado y portavoz de Creemos, Erwin Bazán, fue retirado entre empujones del hemiciclo, cuando pidió que se respete su derecho a la palabra. Poco antes, los legisladores opositores habían intercambiado arengas para acusar de “golpistas” a unos y de “fraude” a los otros.
Poco antes, la Cancillería informó que el embajador de Brasil, Octavio Henrique Días García Côrtes, y la encargada de Negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips, fueron convocados por el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, quien les recordó “el deber de abstenerse de intervenir en asuntos internos de otro Estado”, conforme a la normativa internacional.
Esta semana, la portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Jalina Porter, expresó su preocupación por los procesos contra la expresidenta Jeanine Áñez y sus exministros, mientras que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, consideró “irrazonable” que se la pueda acusar de haber perpetrado un “golpe de Estado”, como señala el oficialismo en sus actuados.
Además, entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), que respaldaron el informe de la OEA sobre la “manipulación dolosa” en las elecciones de 2019, manifestaron su inquietud por los procesos judiciales. Ayer, el Senado paraguayo exhortó al país para que se haga un debido proceso.
Frente a este clima de opinión internacional, el presidente Luis Arce sostuvo un encuentro virtual con el secretario general de la ONU, António Guterres. “Analizamos el proceso de recuperación de la democracia en Bolivia y la situación de la pandemia a nivel mundial”, detalló el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter.
Este intercambio de asuntos diplomáticos se produjo luego que la OEA invocara a la Fiscalía de Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue delitos de lesa humanidad que se pudieron cometer desde el último gobierno de Evo Morales hasta “la actualidad”.