El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) anuncia movilizaciones después de las elecciones generales, en contra del contrato de explotación de litio que fue aprobado en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados.
Anuncian una marcha de protesta denominada en Defensa del Litio para el próximo martes, con participación de toda la institucionalidad potosina.
“Se convoca a todas las organizaciones afiliadas a Comcipo y al pueblo en general a una marcha multitudinaria el martes 19, a partir de las 14:00”, señala el voto resolutivo aprobado en el consejo consultivo del jueves, donde se declararon en estado de emergencia permanente.
También anuncian la presentación de un recurso de inconstitucionalidad y un proceso penal por falsedad material ya que en la comisión se exhibió documentos que señalan que hubo consulta previa, cuando los originarios de esa región afirman que jamás fueron consultados.
Comcipo reclama que las regalías por la explotación del litio en el Salar de Uyuni se incrementen a un rango de entre 10% y 20%, muy por encima del actual 3% fijado por la ley minera, que tras descuentos deja a Potosí alrededor del 1% del valor exportado.
“Es una burla. Con el litio pasa lo mismo que con otros minerales, nos dejan migajas. Queremos un trato como en los hidrocarburos, con un 11% de regalías, y en el caso del litio, planteamos entre 10% y 20% para que Potosí reciba lo que le corresponde”, declaró el presidente de Comcipo, Alberto Pérez.
Pérez denunció que la aprobación en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados de los contratos con la rusa Uranium One Group y la china CBC se realizó de forma “irregular, ilegal y mañosa”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por la aprobación del contrato.
De acuerdo con la institución, se debe respetar los derechos colectivos de la Madre Tierra y, para ello, anunció que interpuso una solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz para resguardar este derecho.
La Defensoría del Pueblo pidió la suspensión del tratamiento de proyectos de ley vinculados a estos contratos hasta contar con estudios ambientales integrales, especialmente sobre disponibilidad hídrica, respaldados por estudios hidrogeológicos.
Además, pide garantías de procesos efectivos de consulta previa, libre e informada antes de su aprobación y el establecimiento de normas que exijan evaluaciones estratégicas ambientales previas al tratamiento de contratos relacionados con el litio y la validación de los informes técnicos que respaldan los contratos por instancias especializadas, competentes y representativas.