Algo de eso está previsto en el mencionado decreto que adicionalmente asigna al Estado Plurinacional la tarea de elaborar estudios sobre la presencia y situación de estos pueblos en aislamiento voluntario, en una región que abarca 1,9 millones de ha, especialmente del Parque Kaa Iya, colindante con Ñembi Guasu. A pesar de esa disposición, y de un marco constitucional que protege a estas poblaciones, no existen avances en estos estudios. Por el contrario, la presión sobre estos espacios no solo es motivada por la construcción de la carretera, también se suman proyectos de exploración hidrocarburífera y actividades mineras.
La anunciada carretera desde Roboré hasta Hito VII (frontera) atraviesa una gran extensión del territorio ancestral del pueblo Ayoreo que abarca el Gran Chaco (boliviano y paraguayo), el Pantanal y el Bosque Seco Chiquitano: las principales áreas con presencia confirmada de segmentos en situación de aislamiento voluntario, así como el área núcleo de la franja territorial declarada como zona intangible por el Decreto Supremo 1286.
Comunidades fantasma
Al mismo tiempo que las señales de los no contactados, también se han registrado signos de la presencia de avasalladores en Ñembi Guasu, y de su intención de ocupar tierras en el lugar: maderos que sostienen un techo de zinc, utensilios desechados, pequeñas áreas de bosque derribado, letreros con nombres de comunidades que no existen, igual que en Bajo Paraguá, y lo principal, rutas o senderos abiertos desde la carretera principal, la Bioceánica, hacia esos campamentos o trechos deforestados.
A raíz de esta presencia identificada por el Gobierno Indígena Charagua Iyambae en su territorio, Ronal Andrés Caraica, en su condición de máxima autoridad de la autonomía indígena, fue designado para gestionar la salida de los avasalladores, en reivindicación del Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu. Este acudió a la jurisdicción agroambiental.
Para sustentar su pedido ante el Tribunal Agroambiental, una inspección en agosto de 2021 encontró, en el área colindante con el Kaa Iya, “asentamientos con presencia de trabajos, como chaqueos manuales y desmontes con maquinaria pesada en diferentes superficies, además de quemas anteriores y recientes, como así posteados nuevos sin alambrados y amojonamientos recientes pintados de color rojo, señal de delimitación de parcelas en lugares con cobertura boscosa, lo cual demuestra que son asentamientos nuevos”.
La descripción quedó plasmada en el pedido de medidas cautelares contra INRA y ABT. En la inspección no se encontró gente, pero sí recipientes de plástico, envases de comida y botellas de vidrio, “construcciones precarias de palos y con techos de calamina o plásticos en algunas partes”. Eran los signos visibles de la ocupación ilegal.
En el área cercana al Parque Otuquis, la inspección del Ñembi Guasu pudo verificar “intervenciones antrópicas con mayor intensidad con presencia de personas en algunas partes”.
Los desmontes con maquinaria y de forma manual, en menor medida, y la colocación nueva de postes, aún sin alambrado, era evidente.
La inspección anotó la versión informativa de Edwin Zambrana, secretario general de la Central Tucabaca, acerca de que las ocupaciones se deben a “resoluciones otorgadas por el INRA y permisos de desmontes otorgados por la ABT”.
Pero la actividad se encontró con un incendio forestal intempestivo que interrumpió el proceso de verificación. Y este hecho fue registrado por Ronal Andrés Caraica para resaltar la amenaza.
Se emitió una medida cautelar específica que es la prohibición de innovar, lo que significa que “ordena a todas las personas que se encuentren en el interior de la ACIE ‘Ñembi Guasu’, provincia Cordillera, departamento de Santa Cruz, que se abstengan de realizar chaqueos, desmontes, quemas y/o trabajos que modifiquen el estado actual en el que se encuentra, bajo prevenciones de remitirse al Ministerio Público en caso de incumplimiento a resoluciones judiciales”.
Pero a la vez dice que “la prohibición de innovar no alcanza a las actividades de manejo, cuidado y control de actividades agrícolas y/o pecuarias, las cuales por su naturaleza deben continuar sin que el mismo sea justificativo válido para infringir lo ordenado en el presente auto”.
Esta última disposición se refiere a los propietarios privados que existen en el área de conservación desde antes de su creación.
¿Dejar sin protección a Ñembi?
El asambleísta Ronal Andrés explicó que muchos actores pretenden levantar la protección legal.
“Hace meses hubo otra audiencia en Camiri. Creo que fueron 11 comunidades campesinas (las que pidieron levantar la prohibición), donde nuevamente el Tribunal Agroambiental de Camiri ratificó la pausa ambiental”, comentó.La audiencia judicial se realizó en enero de este año, y las mencionadas comunidades representaron a más de 80 que pretenden volver al área de conservación a ocupar predios.
Las comunidades campesinas están respaldadas por el INRA, institución que justifica sus autorizaciones de asentamiento en favor de esos grupos y ha pedido que la medida de protección a Ñembi Guasu “no tenga alcance a las actividades de manejo, cuidado y control de actividades agrícolas y/o pecuarias, de las comunidades que cuenten con autorización de asentamiento legal del INRA o que cuenten con resolución de dotación ya emitida, las cuales por su naturaleza deben continuar”.
El INRA va más allá porque afirma, entre otras cosas, que las medidas de protección de Ñembi Guasu “atentan contra la vida y seguridad de las comunidades que cuentan con Resoluciones de Asentamiento en la zona y va(n) contra el INRA al impedirle cumplir el mandato previsto en la CPE”.
El asambleísta Andrés afirmó que los campesinos y el INRA no son los únicos con interés en levantar la medida cautelar.
“Los ganaderos que están adentro también están limitados (en su afectación al bosque), pero no al 100% porque tienen su propio trato. (Ellos también) dicen ‘suspendan esto’, ‘queremos trabajar’, ‘queremos ampliar nuestro chaco’. Seguramente les afecta en el tema de pastizales”, comentó Andrés.
El hecho es que los asentamientos, en caso de consolidarse, demandan vías de comunicación que no pueden existir en Ñembi Guasu porque pondrían en riesgo el ecosistema y a los pueblos en situación de aislamiento voluntario.
Devastada poco a poco
Consultada sobre el tema, la senadora Cecilia Requena explicó que en Bolivia las carreteras son a la vez vías de comunicación y vías de ocupación territorial a ambos lados del asfalto.
“No hay un Estado capaz ni muy interesado en impedir que la carretera se vuelva una forma de abrir la frontera de ocupación territorial, que ni siquiera siempre es agropecuaria, a menudo es pura especulación de la tierra. Y para especular la tierra lo que hacen es deforestar porque, por esos fallos de mercado, vale más que la tierra con bosque en pie”, dijo Requena.
También mencionó la evidencia de la ocupación territorial a partir de una carretera que funciona como una columna de pescado, porque cualquiera de sus puntos puede dar paso a líneas perpendiculares que penetran en terrenos no pisados antes.Y eso comenzaba a pasar en Ñembi Guasu hasta antes de la medida cautelar. La ocupación de las tierras, autorizada o no por el INRA, tiene repercusión en la salud del Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu que comparte ecosistemas con los parques nacionales Kaa Iya, del Gran Chaco, y Otuquis.
Ñembi Guasu ha sido azotada por incendios forestales en más de 318 mil ha hasta el mes de septiembre en el 2019, según registros del CPTA del CEJIS.
El reporte dice que “los incendios en este territorio parecen provenir de las áreas desforestadas ubicadas al norte”.
Al finalizar esa gestión, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) registró 442 mil ha afectadas por el fuego sobre los cuatro tipos de vegetación presentes en ese territorio: Abayoy, Bosque Chiquitano, Bosque Chiquitano Transicional al Chaco y las Formaciones Campestres.
En 2023, los medios de comunicación reportaron llamaradas de hasta 30 metros de altura en incendios de “sexta generación” en ese territorio, lo que resulta curioso si se considera que no existen comunidades en la zona y están vigentes las medidas de protección en esa área.
Tanto la senadora Requena como el asambleísta Andrés Caraica anunciaron que pedirán informes a la Gobernación de Santa Cruz y a otras instancias estatales para conocer los pormenores del proyecto que se pretende construir.
Asimismo, esperan que las autoridades a nivel nacional, llamadas a proteger al pueblo en aislamiento voluntario Ayoreo en el marco de las Ley Nº 450, activen las medidas de salvaguarda.
