La red de los Villanos de Tahuamanu ha sido dividida en seis grupos por las autoridades de la investigación que se realiza en Perú. Está el grupo central, los facilitadores, los intermediarios, los destinatarios, los funcionarios públicos y un último grupo está como líder José Guillermo Araujo Quiña, un exfiscal peruano destituido por liberar a dos implicados en tráfico de oro.
Según la investigación a la que accedió Mongabay Latam, Araujo Quiña fue fiscal Provincial Provisional de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la provincia de Tambopata, en Perú, hasta el año 2017, cuando fue destituido por archivar una investigación en contra de dos personas involucradas en el delito de lavado de activos vinculados a la minería ilegal, además de disponer la devolución de tres barras de oro de 7510.3 kilos de peso total, así como la suma de un millón de soles (266.568 dólares) que habían sido incautados a los procesados que dejó en libertad.
Este exfiscal fue también asesor del excongresista peruano del Fujimorismo Modesto Figueroa, parlamentario del periodo 2016-2019. En la red criminal de Tahuamanu, el exfiscal era el dueño de un aserradero por donde pasaba la madera ilegal.
El análisis
Para Luisa Ríos, coordinadora regional de Madre de Dios de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, es muy preocupante que las acciones de hace cuatro años para desbaratar la red criminal conocida como Los Hostiles de la Amazonia —también dedicada al tráfico de madera— no hayan creado un precedente que desmotive este tipo de delitos.
“El esquema es bastante similar al de los hostiles, un modelo en el que presuntamente participan funcionarios del gobierno regional, que además estarían en puestos clave como el área de control de volúmenes, de manera que lo que se extrae se puede movilizar. También hay funcionarios que se encargan de la entrega de permisos”, detalló Ríos.
Una parte importante de esta red criminal está conformada por funcionarios públicos peruanos que se encargan de aprobar los permisos forestales y supervisar el traslado de madera. Según la investigación fiscal, en este esquema está involucrado el jefe o encargado del Puesto de Control El Triunfo, quien está a cargo de supervisar las GTF, es decir, el documento que respalda la procedencia y el traslado de la madera.
La tala ilegal en los bosques bolivianos alimenta la demanda nacional e internacional de madera. El alcance del mercado negro sigue sin estar claro. La organización estadounidense sin fines de lucro Forest Trends, conocida por sus evaluaciones de la legalidad de los productos madereros país por país, clasificó a Bolivia como país de “alto riesgo” en su estudio de 2021. Esta clasificación se debe a la “tala ilegal generalizada” y a los “informes de tráfico de madera boliviana talada ilegalmente”.