Las elecciones de gobernadores, alcaldes y autoridades regionales están previstas para el 22 de marzo de 2026, según el calendario que activó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras la sanción de la ley que habilita la convocatoria a esos comicios. Frente a la presión institucional y los plazos ajustados, el presidente Rodrigo Paz aseguró que el Gobierno garantizará los recursos económicos necesarios, incluso en medio de la crisis financiera que atraviesa el país.
“Voy a promulgar (la ley) porque creo que los tiempos están muy breves, muy ajustados, así que, para que haya una nueva etapa de la democracia nacional, vamos a garantizar, que esas elecciones se lleven adelante y se cumpla la ley, porque para eso están”, afirmó el mandatario.
Para las elecciones subnacionales de 2021, el TSE había presupuestado Bs 198 millones y para el próximo proceso electoral de renovación de autoridades locales se proyecta una previsión de al menos Bs 300 millones. El incremento está vinculado al incremento de insumos y la inflación, según explicaron en el Órgano Electoral.
Ley y convocatoria
La norma sancionada establece un régimen especial que permite organizar los comicios en los nueve departamentos, considerando las diferencias entre regiones con estatutos autonómicos vigentes y aquellas que no los tienen.
En La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí —donde no hay estatutos vigentes— la ley define la estructura de elección de gobernaciones y asambleas departamentales, garantizando la participación de los pueblos indígenas minoritarios.
En Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, los comicios se regirán por sus respectivos estatutos autonómicos y normas complementarias. La ley incluye, además, disposiciones para las autonomías indígena originario campesinas sin estatuto y garantiza que el Ministerio de Economía asigne recursos al TSE para ejecutar el proceso.
El proyecto fue aprobado inicialmente en el Senado sin mayores objeciones. En Diputados, su tratamiento se trabó el martes por la oposición de la bancada de Libre, lo que obligó a remitirlo a la Comisión de Constitución y luego al Comité Electoral. Tras un debate prolongado, la Cámara Baja lo aprobó esta madrugada y lo remitió al Ejecutivo para su promulgación. Este paso se cumplió, finalmente y en la norma se publicará en la Gaceta en las próximas horas.
Ávila recordó que la ley electoral fija plazos estrictos. En ese contexto, indicó que solo van a poder participar las organizaciones políticas que tengan personería jurídica 90 días antes del día de la elección, algo que se refrendó en la ley.
“En el tema de estas agrupaciones, al no prever el plazo, muchas de ellas están en trámite. Libre, por ejemplo, todavía no tiene personalidad jurídica. Se encuentra en revisión. Evo-Pueblo ni siquiera ha empezado el registro de su militancia y no ha iniciado el trámite. Ha presentado una solicitud y ha sido observada. La agrupación política del vicepresidente (Nuevas Ideas con Libertad) tampoco tiene trámite avanzado”, detalló la autoridad electoral.
Hitos en el calendario
El TSE había fijado el 19 de noviembre como fecha límite para contar con un marco legal que permitiera lanzar la convocatoria de inmediato. Ávila anticipó así que el calendario, que se publicará en breve, establecerá la apertura del padrón en diciembre y la presentación de candidaturas antes de fin de año.
El proceso comenzará con el empadronamiento biométrico entre la primera y la segunda semana de diciembre. Podrán registrarse quienes cumplan 18 años hasta el 22 de marzo y las personas inhabilitadas en comicios previos.
La presentación de alianzas y candidaturas está prevista entre la tercera y la cuarta semana de diciembre. La propaganda electoral se habilitará de inmediato y el sorteo de jurados se realizará 30 días antes de los comicios, es decir el 22 de febrero.
Ávila destacó la magnitud del proceso: en todo el país se eligen más de 5.000 autoridades en más de 300 municipios, con la participación de decenas de miles de candidatos.
Cada departamento votará con al menos dos papeletas —departamental y municipal—, aunque regiones como Tarija incorporan una tercera para elegir autoridades del Chaco, y en el Beni también se escogen corregidores y subgobernadores.
El vocal explicó que se reutilizará el sistema Sirepre en más de 300 municipios, con el objetivo de replicar la performance técnica de los procesos anteriores. Aseguró que el TSE trabaja para ofrecer un proceso “seguro, transparente y con garantías plenas”.
Pese a la merma de recursos presupuestarios que enfrenta el nuevo Ejecutivo, Paz reiteró que la estabilidad democrática es una prioridad. “Vamos a garantizar esas elecciones, aunque no tengamos recursos, porque la democracia y la ley están primero”, remató.