Las principales autoridades del Órgano Judicial se declararon emergencia presupuestaria, destacando que las tres instituciones que lo conforman—el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura— tomaron esta decisión por unanimidad. La crisis económica que atraviesa la institución ha generado serias dificultades operativas y pone en riesgo el funcionamiento del sistema judicial.
En una conferencia de prensa, los presidentes de estos cuerpos colegiados informaron que abandonaron la reunión de la Comisión creada por la Ley 898 debido a la falta de respuesta sobre su exigencia de un incremento presupuestario.
"El primer punto a abordar ha sido la independencia judicial, pero también es imperioso tratar el tema del presupuesto, señaló el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Cristhian Méndez Rosales.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez, precisó que el presupuesto asignado para el Órgano Judicial es Bs 140 millones menor que en gestiones anteriores, lo que compromete su operatividad.
No podemos hablar de reforma normativa si no tenemos un presupuesto que garantice el funcionamiento del Órgano Judicial. Hemos planteado ante la Comisión 898 la necesidad de que se reconozca esta emergencia presupuestaria. Sería irresponsable hablar de reformas sin los recursos adecuados, enfatizó.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, insistió en la necesidad de que el presupuesto judicial represente al menos el 3% del Presupuesto General del Estado, tal como lo establece la normativa, y que este porcentaje no dependa de asignaciones anuales.
Esta emergencia presupuestaria debe ser atendida por las instituciones y órganos del Estado para garantizar la independencia judicial y el cumplimiento de las funciones constitucionales del Órgano Judicial, sostuvo.
Las autoridades también anunciaron que no volverán a participar de reuniones convocadas por la Comisión 898, pues consideran que ha cumplido su ciclo y que es necesario explorar nuevas alternativas para reformar el sistema de justicia y responder a las necesidades de la ciudadanía.
Crisis financiera y deficiencias operativasSaucedo ya había advertido sobre la crisis en enero de este año, cuando reveló un desfase financiero de Bs 149 millones relacionado con deudas operativas.
En contacto con EL DEBER, el magistrado lamentó que el presupuesto asignado al Órgano Judicial no llegue ni al 1% del total nacional, lo que ha generado una situación de iliquidez a nivel nacional.
Esta crisis ha tenido consecuencias directas: falta de personal, cese de contratos desde el 31 de diciembre de 2024, retrasos en la creación de juzgados y la imposibilidad de contratar jueces y funcionarios especializados.
Nos entregaron un Órgano Judicial sin partida presupuestaria para personal eventual, lo que ha generado largas filas en ventanillas y plataformas, explicó Saucedo. Agregó que la solución inmediata pasa por una asignación extraordinaria de recursos por parte del Ministerio de Economía y la elaboración de un proyecto de ley para garantizar un financiamiento sostenible.
El anhelo del TSJ es que el presupuesto judicial alcance el 3% del Tesoro General de la Nación; sin embargo, actualmente no llega ni al 0,8%, y los desembolsos se realizan con retraso.
Intentos de reforma y digitalizaciónEntre 2022 y 2023, un grupo de diez abogados de prestigio impulsó una reforma parcial de la Constitución para garantizar que al menos el 3% del presupuesto anual se destine al Órgano Judicial y que este monto no sea objeto de negociación.
Sin embargo, la iniciativa no logró reunir las firmas necesarias, y el Gobierno no avanzó en una reforma estructural del sistema judicial.
La falta de recursos y las deficiencias estructurales han alejado a la justicia de la ciudadanía. En 2022, tras una visita oficial a Bolivia, el relator especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados, Diego García Sayán, concluyó que la justicia está lejos de la gente. Advirtió que construir un sistema judicial independiente y accesible sigue siendo un desafío fundamental para la sociedad boliviana.
La declaración de emergencia presupuestaria del Órgano Judicial refuerza esta preocupación y plantea la urgencia de soluciones estructurales para garantizar una justicia eficiente y equitativa en Bolivia.
En contacto con EL DEBER, el magistrado lamentó que el presupuesto asignado al Órgano Judicial no llegue ni al 1% del total nacional, lo que ha generado una situación de iliquidez a nivel nacional.
Nos entregaron un Órgano Judicial sin partida presupuestaria para personal eventual, lo que ha generado largas filas en ventanillas y plataformas, explicó Saucedo. Agregó que la solución inmediata pasa por una asignación extraordinaria de recursos por parte del Ministerio de Economía y la elaboración de un proyecto de ley para garantizar un financiamiento sostenible.
Entre 2022 y 2023, un grupo de diez abogados de prestigio impulsó una reforma parcial de la Constitución para garantizar que al menos el 3% del presupuesto anual se destine al Órgano Judicial y que este monto no sea objeto de negociación.
Sin embargo, la iniciativa no logró reunir las firmas necesarias, y el Gobierno no avanzó en una reforma estructural del sistema judicial.
La falta de recursos y las deficiencias estructurales han alejado a la justicia de la ciudadanía. En 2022, tras una visita oficial a Bolivia, el relator especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados, Diego García Sayán, concluyó que la justicia está lejos de la gente. Advirtió que construir un sistema judicial independiente y accesible sigue siendo un desafío fundamental para la sociedad boliviana.
La declaración de emergencia presupuestaria del Órgano Judicial refuerza esta preocupación y plantea la urgencia de soluciones estructurales para garantizar una justicia eficiente y equitativa en Bolivia.