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Organizaciones de DDHH de Argentina interponen hábeas corpus para frenar militarización en frontera con Bolivia 

Martes, 27 de mayo de 2025 a las 13:11

A finales de abril pasado, el ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, autorizó el despliegue militar  en las ciudades fronterizas para reforzar la vigilancia y la detención de forma transitoria a civiles que cometan delitos en casos de flagrancia.

Las organizaciones de la Mesa de Derechos Humanos de Salta (Argentina) presentaron una acción de hábeas corpus colectivo y preventivo ante el Juzgado Federal de Orán para evitar el despliegue de efectivos militares bajo el denominado Plan Roca.

El abogado de los accionantes, Martín Plaza, confirmó a EL DEBER que tiene como objeto impedir cualquier tipo de procedimiento que implique la restricción o privación de libertad por parte de agentes de las Fuerzas Armadas a la ciudadanía, sobre todo en particular dónde está asentado el operativo "Julio Roca, en Tartagal, Aguas Blancas y Salvador Mazza.

Plaza dijo que a través de esta acción se busca la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1112/2024 que permite a los efectivos militares la detención de civiles en caso de flagrancia.

Asimismo, indicó que se solicita la inconstitucionalidad de la Resolución 347 del Ministerio de Defensa por el que se puso en marcha el Plan Roca.

Ambos son inconstitucionales, por estar en contra de los derechos elementales y básicos, como ser la libertad ambulatoria,  el debido proceso y juez natural, entre otros, declaró Plaza.

El jurista habló también que en la acción de manera cautelar, se solicita la abstención del Estado de implementar el DNU 1112/2024 mientras el juez no se pronuncie sobre el asunto.

A finales de abril pasado, el ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, autorizó el despliegue militar en las ciudades fronterizas con Bolivia para reforzar la vigilancia contra el narcotráfico y la detención de forma transitoria a civiles que cometan delitos en casos de flagrancia.

Los Comités Cívicos de Tarija y Potosí, en su momento, expresaron su preocupación por la presencia de las Fuerzas Armadas de Argentina que podría deteriorar la relación bilateral.

Toda disposición, medida o acción que tomen las autoridades argentinas para combatir el delito, deben respetar los derechos de los ciudadanos. Si se cumplen estas condiciones son necesarias para proteger a la población, aseveró el presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano.

 

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