Opositores y ‘evistas’ se unen para restituir interpelaciones y por las elecciones judiciales

El fallo de la Sala Constitucional Primera de La Paz, que suspende la interpelación de 8 ministros de Estado, permitió que los miembros de la bancada del MAS del ala ‘evista’ y opositores coincidieran en que la justicia está cooptada por el Gobierno de Luis Arce. Además, los obligó a mezclar ‘agua y aceite’ en el Senado para consensuar y aprobar, por dos tercios de los votos, la ley corta de convocatoria a las elecciones judiciales y la preselección de candidatos.

De hecho, esta semana será clave para la aprobación de esta ley en la Cámara de Diputados, y tendrá un escenario más complicado para llegar a los dos tercios para convocar la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

Este viernes la bancada del MAS en el Senado dio otra muestra de unidad, cuando ‘arcistas’ y ‘evistas’ presentaron una querella contra los vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de La Paz, Alfredo Jaime Terrazas e Israel Ramiro Campero Méndez, por los presuntos delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución por ordenar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la paralización de todos los actos de interpelación a ministros.

El 24 de agosto la Sala Constitucional de La Paz falló a favor de un recurso presentado por el ministro de Economía. Según la resolución: “la Asamblea violentó los derechos de Marcelo Montenegro porque sin esperar el informe oral, luego del informe escrito lo citaron directamente para una interpelación, es decir, los diputados no agotaron las peticiones de informe”, por lo que determinó que se suspenda su interpelación hasta que el Órgano Legislativo adecúe la ley 1350 que regula estos actos de fiscalización.

Los ministros de la Presidencia, María Nela Prada; de Hidrocarburos, Franklin Molina; de Aguas, Rubén Méndez; de Obras Públicas, Édgar Montaño; de Justica, Iván Lima; y de Culturas, Sabina Orellana, se constituyeron en terceros interesados y fueron incluidos en el fallo.

Esta acción fue la gota que colmó el vaso en esta pugna que involucra a tres poderes.

A decir del diputado Carlos Alarcón, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), “desde la Asamblea Legislativa buscamos eliminar el control que mantiene el Gobierno de Luis Arce sobre el Órgano Judicial. La base de la pugna es convocar a elecciones judiciales y promover una reforma en ese Órgano del Estado porque es evidente que está sometido al Ejecutivo, manifestó.

Alarcón recordó que para la ley de preselección de candidatos a las elecciones judiciales el oficialismo intentó, primero, imponer un proyecto que dejaba de lado a los opositores; después pretendió imponer reglas del juego para tener el control del Órgano Judicial de parte de los dos grupos: ‘evistas y ‘arcistas’.
Después, cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia que establecía la aprobación de la convocatoria de elecciones y la selección de candidatos por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa, el Gobierno prefirió hacer caer la elección judicial. “Manipularon esa sentencia para que los magistrados se queden en sus cargos y puedan mantener así el control total de la justicia”, argumentó Alarcón.

Sin embargo, dijo el opositor, “nunca se imaginaron que íbamos encontrar la fórmula para acortar el tiempo y, a la vez, garantizar la elección. La aprobación en el Senado causó un shock en el Poder Ejecutivo, una sorpresa. Es un golpe en la mandíbula que le damos desde el Senado y espero que se ratifique en Diputados y tiene que ver con quitarle el Poder Judicial de sus garras”.

Además, sobre la correlación de fuerzas, “tomando en cuenta, incluso, que el bloque ‘arcista’ es más grande en Diputados, creo que podemos llegar a los dos tercios de todas maneras”, afirmó el opositor.

El senador ‘evista’ del MAS William Torrez coincidió en que este Tribunal Constitucional “en lugar de reivindicar la seriedad y el trabajo apegado a la CPE, acaba constituyéndose en depredador de la Carta Magna sólo para satisfacer al Gobierno de turno, que al no estar de acuerdo con algunos temas, usa al TCP para emitir resoluciones que obedezcan a sus intereses”.

El senador Torrez acusó al Ministro de Justicia, Iván Lima, de instrumentar con el TCP la demora en el proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial, para prorrogar el mandato de las actuales autoridades, a más de los seis años establecidos por la CPE.

Todo eso, en criterio de Torrez, “nos ha obligado en el Senado a juntar agua y aceite. Pese a que no tenemos coincidencias con la oposición, nos sentamos, consensuamos y aprobamos el proyecto de ley porque hay que darle al pueblo elecciones judiciales y estos señores deben irse a su casa. Esa es la voluntad y la cumpliremos”, manifestó el senador ‘evista’.

El Gobierno prefirió guardar silencio. El ministro de Justicia, Iván Lima, se excusó de pronunciarse sobre la aprobación de la norma en el Senado. Tampoco se refirió a la decisión judicial que impide la interpelación de siete ministros. Ante la consulta de este medio, señaló que estaba con agenda en Santa Cruz y que no tenía tiempo. Ninguna otra autoridad gubernamental habló de este tema.

El jefe de bancada del MAS en Diputados, Andrés Flores, identificado como parte del ala ‘arcista’ señaló que la ley de preselección es revisada por los técnicos, y que el martes habrá una reunión que convocará el presidente de Diputados para consensuar la norma “y realizar los cambios necesarios”. Con estas palabras no garantizó su aprobación así como está.

Mientras, la injerencia judicial que prohíbe que los asambleístas interpelen ministros fue criticada por uno de los asambleístas ‘arcistas’ más radicales, Félix Ajpi, quien manifestó que “no se nos puede coartar a los asambleístas el derecho a la fiscalización”..

El senador Torrez, ante la acción de Marcelo Montenegro, lamentó el accionar del tribunal. “Esta sala, una autoridad encargada de preservar la CPE, cercena el derecho de plantear interpelaciones amparado en la ley 1350 que regula la censura, no las interpelaciones que son mecanismos de fiscalización y dice que la autoridad censurada debe ser destituida. La idea es acorazarlos a algunos ministros para que no los destituyan”. Por eso, el MAS presentó ante la Fiscalía una denuncia contra ese tribunal, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y prevaricato.

Ante el mismo tema, el diputado Alarcón alegó que esta semana será clave en ese campo, porque “tenemos la agenda de restablecer a plenitud nuestro derecho a la censura”.

Alarcón resumió que los dos temas están conectados, “porque demuestran que el objetivo del Gobierno es mantener el control absoluto del Órgano Judicial. Ahí se vinculan. Y debo decir que fue tan grave el efecto que causó la censura de la sala constitucional paceña en la Asamblea, que nos dimos cuenta que si no peleamos oficialistas y opositores por el restablecimiento a plenitud el funcionamiento de la Asamblea en beneficio del pueblo, que a través de la Asamblea ejerce la fiscalización, y si no peleamos para rescatar al Órgano Judicial de las garras del Gobierno, perdemos la democracia en Bolivia”. Torrez coincidió en que ese bloqueo de la censura permitió que los parlamentarios salgan de la modorra.