Por: Eduardo Ruilowa
Especialistas de Naciones Unidas enviaron una “Carta de Alegaciones” al Estado boliviano tras encontrar ciertas irregularidades sobre el uso de mercurio en el país, situación que vulneraría los derechos humanos de los pueblos indígenas. La carta de alegación es una respuesta por parte de los relatores de la ONU, Marcos Orellana (sustancias toxicas y derechos humanos) y José Francisco Cali Tzay (derechos de los Pueblos Indígenas) a una denuncia que presentó en agosto el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) en coordinación con Reacción Climática. Los relatores de Naciones Unidas se basan en estudios que demuestran los niveles elevados de contaminación por mercurio en mujeres indígenas entre 18 y 44 años del grupo indígena Esse Ejja, asentadas a lo largo de la cuenca del Río Beni, en zonas afectadas por la actividad minera aurífera. Mencionan que las consecuencias en la salud de las mujeres indígenas son extremadamente graves, ya que pueden provocar daños cerebrales, ceguera, entre otras afectaciones al cuerpo. Asimismo, señalan que tienen información sobre las implicancias de la contaminación en mujeres embarazadas, cuyos efectos en el feto pueden provocar discapacidad neurológica, perdida de coeficiente intelectual, daño en los riñones y al sistema cardiovascular. A los relatores les resulta alarmante que Bolivia no cuente con regulación específica y efectiva para controlar adecuadamente la importación, comercialización y uso de mercurio, además del tráfico ilícito de mercurio desde Bolivia hacia otros países. La carta hace énfasis en la falta de regulación efectiva del mercurio en Bolivia que tiene una relación directa con la extracción del oro, que se ha cuadruplicado en los últimos 9 años en Bolivia, convirtiendo a nuestro país en el segundo importador más grande de mercurio en el mundo. Por eso ambos relatores expresan su preocupación por el incremento desmedido en la importación y uso de mercurio en Bolivia, con sus consecuencias graves en el medioambiente, la salud, el efecto desproporcionado sobre el territorio indígena, y la vida y salud de los pueblos indígenas. El Estado boliviano presuntamente no solo estaría incumpliendo el Convenio de Minamata sobre mercurio, suscrito desde 2013, sino que también habría presentado información contradictoria sobre el aumento de la cantidad de minería aurífera en el país. Ambos relatores solicitaron información al Estado sobre los hechos relatados en la Carta de Alegaciones y han instado al gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas y comunidades indígenas afectadas, además de investigar, procesar e imponer sanciones adecuadas a los responsables de las violaciones a derechos humanos. Este miércoles 8 de diciembre en la ciudad de La Paz, el relator de NNUU de sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, estará participando del taller “Mercurio para la minería del oro y vulneraciones al medio ambiente y los derechos humanos”, donde ampliará la información sobre las vulneraciones a los derechos humanos que se estarían cometiendo en el país con relación al uso irregular del mercurio. El evento se desarrollará de manera simultánea en La Paz y Rurrenabaque (Beni), con la presencia de las comunidades afectadas.