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Diputados modifica su agenda para tratar la ley que amplía la permanencia de exautoridades

Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 13:04
Sesión de la Cámara de Diputados. Foto: Diputados

El nuevo proyecto de ley busca cambiar la Ley 1352 del 14 de octubre de 2020. Pide que las exautoridades deban permanecer en el país 6 meses después de concluir sus funciones

La Cámara de Diputados modificó el orden del día de su sesión ordinaria de este jueves para incluir el tratamiento del proyecto de ley que amplía de tres a seis meses el tiempo de permanencia obligatoria de las exautoridades en el territorio nacional.

La propuesta legislativa será considerada luego de la finalización de la elección de los vocales de los tribunales electorales de Chuquisaca y La Paz, confirmó el equipo de prensa de la Cámara de Diputados mediante una nota de prensa.

La modificación de la agenda se realizó por más de dos tercios de votos de los legisladores presentes en la sesión a pedido del diputado del PDC, Manolo Rojas. 

El nuevo proyecto de ley fue aprobado el miércoles en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, y busca cambiar la Ley 1352 del 14 de octubre de 2020.

La Ley 1352 establece “la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de tres meses” después de haber cesado en sus funciones el presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes, asambleístas nacionales y departamentales, concejales y máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas.

La finalidad, según el Artículo 2 de la citada ley, es que “las autoridades salientes rindan todos los informes necesarios en el marco de la transparencia, precautelando los intereses del Estado, para dar continuidad a la gestión de gobierno y evitar la impunidad ante un posible hecho o acto de corrupción”.

Rojas dijo que se precisa la modificación de esa ley porque el plazo previsto fenece el 14 de febrero y aún debe garantizarse la permanencia de varias exautoridades y exservidores públicos hasta que la Contraloría elabore informes sobre la posible responsabilidad civil, administrativa y penal de las denuncias de corrupción cometida en gobiernos del Movimiento Al Socialismo.
 
“El 15 de febrero, estas autoridades que han robado plata a los bolivianos seguramente van a abandonar el país, por eso este proyecto de ley tiene esa necesidad de urgencia”, enfatizó.


 

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