En horas de la mañana, el Tribunal 25° de Sentencia Penal a cargo del juez Miguel Flores Orihuela logró sesionar después de más de una semana de audiencias postergadas y ratificó la orden de detención que pesaba sobre el exministro Arturo Murillo desde febrero de este año.  “Las partes procesales del caso fundamentaron la solicitud de ampliación de riesgos procesales correspondientes, por lo que, durante la audiencia de hoy, el juez emitió la Resolución 97/2025, donde se detallan tales riesgos”, dijo el procurador Ricardo Condori, a través de una nota de prensa. Murillo enfrenaba este caso desde 2021 cuando lo denunciaron ante la fiscalía por el arribo irregular de equipo antimotín al país durante la gestión de Jeanine Áñez. Desde entonces, se ventiló el juicio y fue declarado rebelde en mayo de 2024 y tres días más tarde se emitió la orden de aprehensión en su contra.  Murillo guarda detención preventiva en el penal de San Pedro por los casos ‘gases Brasil’ y ‘catering’. Con esta disposición, suma su tercera detención preventiva. Según los antecedentes judiciales, Murillo, en su condición de ministro de Gobierno, participó en la reunión de gabinete en palacio de gobierno el 15 de noviembre de 2019 y fue en esa reunión que se decidió el préstamo de los gases desde Ecuador. Se señala como gestora de este préstamo a la exministra Roxana Lizárraga; mientras que Murillo y el exministro de Defensa, Luis Fernando López, realizaron el plan de operaciones para que sus dependientes viajen a Ecuador a recoger los agentes químicos. El 7 de febrero de este año, el Tribunal dispuso la condena de los tres implicados, Murillo, López y Lízarraga, a cinco años y cuatro meses de presidio, aunque los tres estaban ausentes. Este miércoles, los jueces dispusieron que hasta que la sentencia sea ejecutoriada Murillo estará como detenido preventivo en el penal de San Pedro. El exministro fue procesado por los delitos de tráfico ilícito de armas; tenencia, portación y uso de armas no convencionales; e incumplimiento de deberes. El abogado de Murillo, aseguró que ninguna de las sentencias en contra su cliente tiene carácter de ejecutoriado y por el contrario hay apelaciones que deben ser resueltas en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. Posteriormente los casos deben pasar al TSJ donde se dará el veredicto final.