El ministro de Educación, Edgar Pary, acudió a declarar ante la Fiscalía de manera voluntaria y negó haberse beneficiado con contratos del Estado, como lo denunció Ana Laura Montaño, dirigente de padres de familia. La Fiscalía abrió la investigación contra Pary por los supuestos delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles y sociedades o asociaciones ficticias o simuladas. Raúl Salas, abogado del ministro, indicó que su defendido se presentó de manera voluntaria ante el fiscal Bladimir Bolívar; es decir sin ser citado, y respondió a todas las preguntas que le hicieron, además de ponerse a disposición para ser investigado. “Él nunca ha tenido actividades de ninguna índole, menos empresariales, menos de adjudicaciones en contrataciones con entidades del Estado, porque él es funcionario público y no puede estar teniendo esta actividad. Ha reiterado que esta es una empresa constituida para empezar a generar trabajos en un futuro”, indicó el jurista. Según la denunciante, el ministro de Educación utilizó una empresa familiar para beneficiarse recibiendo contratos del Gobierno. La autoridad de Gobierno admitió en su declaración que tiene una empresa constituida en 2021, pero aclaró que se encuentra inactiva desde entonces y que no tuvo contrataciones estatales. “Esta señora tendría la obligación de demostrar la actitud delictiva de este ciudadano (Pary), si es que la hubiera. Él no tiene porqué demostrar su inocencia, eso dice La Ley; no obstante, él en su calidad e investidura de ministro tiene toda la intención seria de aportar en esta investigación”, enfatizó el abogado.
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