“Me voy a defender, sí”. La declaración corresponde a la exdiputada Lidia Patty en un breve contacto con EL DEBER. La hizo tras conocer la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía por un presunto daño económico al Estado relacionado con ocho proyectos del Fondo Indígena.
“Me voy a defender como es y no escapé del país. Soy víctima del Fondo Indígena”, añadió Patty, quien pidió ampliar el contacto luego. Se la escuchó ajetreada.
La exdiputada saltó a la escena pública como una de las principales impulsoras del caso conocido como Golpe I. Con este caso denunció a la expresidenta Jeanine Áñez y al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por la crisis política de 2019.
El fiscal Miguel Cardozo confirmó que se libró el mandamiento de aprehensión 226 contra la exparlamentaria. “Se ha establecido que existen suficientes elementos de convicción para determinar que habría adecuado su conducta a los tipos penales denunciados”, explicó.
A Patty se le atribuyen los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. El paso inmediato será la ejecución del mandamiento por parte de la Policía, para que comparezca ante el Ministerio Público y se defina su imputación formal.
Según Cardozo, la investigación gira en torno a ocho proyectos que presentaban apenas un 50% de avance, pese a que ya habían recibido el 80% de los desembolsos del Fondo Indígena. Parte de esos recursos —indicó— habría beneficiado directamente a Patty, extremo que asegura tener respaldado con documentación secuestrada en el allanamiento a las oficinas del Fondo en La Paz.
El abogado Jorge Valda recordó en contacto con EL DEBER que la denuncia matriz del Fondo Indígena fue presentada por Marco Antonio Aramayo —fallecido en abril de 2022— y no solo involucraba a Patty, sino también a la exministra Nemesia Achacollo. Sostuvo que el presunto daño económico supera el millón de bolivianos y que “el verdadero daño es a las ocho poblaciones indígenas donde no llegó la ayuda”.
Valda calificó el caso del Fondo Indígena como “la caja chica del Movimiento Al Socialismo”, desde donde —según dijo— se financiaban campañas políticas y pagos a movilizados. “Por supuesto que deben investigarse no solo este caso, sino todas aquellas instituciones que fueron utilizadas por una organización criminal para manejar el poder y apropiarse de los recursos públicos”, enfatizó.