El caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset entró en una fase decisiva. Ayer, luego de una audiencia en la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, en Alexandria, Estados Unidos, su defensa y la Fiscalía acordaron renunciar al derecho a un juicio rápido, abriendo así la puerta a un proceso más amplio y a la posible incorporación de nuevos cargos y penas más severas.
Durante la audiencia, el juez Rossie D. Alston Jr. leyó formalmente los cargos contra Marset, centrados en la conspiración para el lavado de dinero. Sin embargo, el acusado no se declaró culpable ni inocente, y el proceso fue diferido hasta el 20 de mayo, fecha en la que se evaluará el avance del caso en una audiencia preliminar considerada clave.
El dato más relevante surgió de la intervención del fiscal federal Anthony T. Aminoff, quien advirtió que es “probable” la presentación de una acusación sustitutiva, lo que implicaría ampliar los cargos actuales. Este tipo de recursos suele utilizarse en investigaciones complejas para incorporar delitos adicionales, como narcotráfico internacional o asociación criminal, más allá del lavado de dinero, que es el cargo inicial.
El propio juez alertó a Marset que, de ser declarado culpable por los cargos actuales, enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión, además de tres años de libertad supervisada y multas que superan los 500.000 dólares.
El proceso en Estados Unidos se desprende de una investigación que vincula a Marset con una estructura criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, movilizando toneladas de droga y millones de dólares a través de empresas fachada y el sistema financiero internacional.
Su captura, el pasado 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra marcó un punto de inflexión en la lucha regional contra el narcotráfico. Tras ser detenido en un operativo de alta escala, fue expulsado y entregado a agentes de la DEA, que lo trasladaron a territorio estadounidense para enfrentar cargos que ya estaban activos desde 2025.
Antes de la audiencia que tuvo lugar ayer Marset ya había tenido una primera comparecencia el 20 de marzo, en la que se le leyeron sus derechos y se formalizó su detención bajo custodia de los Marshals, sin acceso a medidas sustitutivas.
El caso también tiene antecedentes judiciales relevantes. su presunto operador financiero, Federico Santoro Vassallo, fue condenado en 2025 a 15 años de prisión en Estados Unidos, lo que refuerza la tesis de una red consolidada de lavado de dinero vinculada al narcotráfico internacional que movilizaba activos a través de medios electrónicos, especialmente, desde Paraguay, el país de llegada del puente aéreo que el uruguayo movilizó desde Bolivia, según los resultados del megaoperativo Ultranza.
En paralelo, desde Bolivia, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, advirtió ayer que la caída de Marset no implica el desmantelamiento del fenómeno. “Si se agarra un Marset, probablemente otros nueve se están cocinando”, señaló en una entrevista con la agencia EFE en la que explicó que la efectividad de la lucha antidroga apenas alcanza el 10% a escala regional. La autoridad reconoció que el uruguayo era un “distribuidor importante de drogas a nivel mundial” y alertó sobre la presencia de otros objetivos de alto valor criminal en el país.
Según investigaciones internacionales, el acusado operaba en varios países de Sudamérica y Europa, con conexiones con organizaciones criminales como el PCC brasileño.