El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera refuerza su defensa legal en Estados Unidos con un equipo internacional de abogados, mientras avanza el proceso judicial en su contra en un tribunal federal del estado de Virginia, donde deberá volver a declarar en los próximos días.
El equipo está encabezado por el abogado uruguayo Santiago Moratorio, quien confirmó la participación de juristas con experiencia en crimen organizado y litigios federales en territorio estadounidense. Entre ellos destacan Rodrigo da Silva y los exfiscales de EE.UU. Michael Padula y el Gene Rossi, este último con una amplia trayectoria en el Departamento de Justicia de EE.UU.
Marset fue detenido el pasado 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde ya prestó una primera declaración ante la justicia sin acogerse a su derecho al silencio. Según su defensa, el acusado volverá a comparecer ante el tribunal el 25 de marzo, en el marco de una causa que se encuentra en etapa inicial.
La estrategia legal apunta a cuestionar el procedimiento de captura y traslado del acusado. Moratorio calificó la expulsión desde Bolivia como una “expulsión exprés” y denunció presuntas vulneraciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, argumentos que podrían marcar la línea de defensa en las próximas audiencias.
El equipo jurídico combina perfiles especializados: Da Silva aporta experiencia en legislación transnacional, mientras que Padula y Rossi —exfiscales federales— refuerzan la defensa técnica en el sistema judicial estadounidense. A ellos se suma la participación directa de Jean Rossy (también identificado como Jim Rossi), quien actúa en el estado de Virginia, donde se desarrollan las audiencias preliminares.
En paralelo, la Fiscalía estadounidense mantiene su posición de que Marset permanezca con detención preventiva, argumentando riesgo de fuga, mientras avanza la investigación por delitos vinculados al crimen organizado y lavado de activos que lo exponen a una pena de 20 años de prisión.
El caso ha escalado a un escenario internacional, involucrando coordinación entre Bolivia, Paraguay y Estados Unidos, y podría convertirse en un precedente en materia de cooperación judicial contra redes de narcotráfico transnacional.