El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera compareció este lunes, por primera vez, ante un tribunal federal en Alexandria, Virginia. Marset enfrenta cargos por conspiración para lavar dinero proveniente de una presunta red internacional de tráfico de cocaína que operaba desde Sudamérica hacia Europa. De ser hallado culpable, puede enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.
La audiencia se realizó en el Tribunal de Distrito del Este de Virginia, luego de que el uruguayo fuera trasladado a Estados Unidos tras su captura en Bolivia. Según informó la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, Marset es señalado como líder de una organización criminal dedicada al envío de grandes cargamentos de cocaína —de hasta 10 toneladas por envío— hacia distintos países europeos.
De acuerdo con los documentos judiciales, la presunta estructura criminal habría operado rutas de narcotráfico en varios países, entre ellos Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, así como en Bélgica, Países Bajos y Portugal, entre otros destinos.
La investigación estadounidense también identifica como uno de los principales operadores financieros del grupo a Federico Ezequiel Santoro Vassallo, quien actuaba desde Paraguay como presunto lavador transnacional de dinero para organizaciones de narcotráfico. Según la acusación, Santoro coordinaba la recolección de ganancias del narcotráfico en Europa y organizaba su traslado mediante mensajeros y mecanismos clandestinos para introducir esos fondos en el sistema financiero internacional.
Los fiscales sostienen que el dinero —generalmente en euros— era posteriormente canalizado mediante transferencias bancarias hacia distintos destinos, muchas veces utilizando bancos corresponsales en Estados Unidos para completar las operaciones financieras.
La acusación también señala que Santoro y el propio Marset habrían recurrido a amenazas de violencia para proteger sus actividades ilícitas y garantizar el funcionamiento de la red de tráfico de drogas y lavado de activos.
Uno de los episodios descritos en el expediente indica que, en enero de 2021, Marset tenía pendientes de cobro más de 17 millones de euros provenientes de un solo envío de cocaína. En ese caso, Santoro habría organizado el lavado de al menos cinco millones de euros de esas ganancias, gran parte de los cuales habrían sido canalizados a través del sistema bancario estadounidense.
Santoro se declaró culpable el 21 de mayo de 2025 y posteriormente fue condenado a 15 años de prisión el 23 de julio del mismo año.
Si Marset es declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión. La eventual sentencia será determinada por un juez federal tras evaluar las directrices de condena de Estados Unidos y otros factores establecidos por la legislación.
El caso es investigado por la Administración para el Control de Drogas con el apoyo de varias agencias internacionales, entre ellas Europol, además de autoridades bolivianas y otras oficinas de la DEA en Sudamérica.
En el marco de esta investigación, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció en 2025 una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Marset, a lo que se sumó una recompensa previa de 100.000 dólares ofrecida en Bolivia en 2023.
Las autoridades estadounidenses recordaron que la acusación formal constituye únicamente una imputación y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en el proceso judicial.