Las decisiones del cabildo llegan al Legislativo con la ley del censo y de escaños

El gran cabildo del 13 de noviembre instruyó la elaboración de un proyecto de ley que garantice la aplicación de sus resultados oficiales antes de las elecciones de 2025. Las bancadas de la oposición trabajaron ayer para unificar un solo proyecto, pero prevé el operativo para octubre de 2023.

Anoche, diputados cruceños del MAS, próximos al presidente Luis Arce, también presentaron su propuesta. Es más, la diputada cruceña Deysi Choque (MAS) anunció que hoy entregará el proyecto al jefe de Estado. “El objetivo general y específico es que la redistribución de escaños se pueda llevar a cabo en las próximas elecciones (2025), que es lo que se ha pedido y es lo que queremos garantizar a través de este proyecto de ley”, dijo Choque.

“El Órgano Electoral Plurinacional determinará la distribución total de escaños de acuerdo a los establecido en la Constitución Política del Estado, en base a los resultados oficiales de población del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, debiendo la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionar la Ley correspondiente en un plazo que permita su aplicación para las Elecciones Nacionales 2025, habiendo el Órgano Ejecutivo, en el marco de sus competencias, dispuesto la realización del Censo para el 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos de la coparticipación en septiembre de la misma gestión”, señala el único artículo de la propuesta del oficialismo.

El presidente de la Cámara de Diputados, el cruceño Jerges Mercado, aseguró que existe “voluntad política” para tratar la norma a través de las comisiones, pero el diputado Héctor Arce (MAS), quien es parte del grupo de legisladores leales a Evo Morales, rechazó la propuesta de sus colegas y puso la crisis interna del partido como una herida a flor de piel.

Pero, más allá de las peleas en el oficialismo, el trámite de una nueva ley es prolongado porque debe pasar por debates previos en las comisiones. Mercado dijo que esta propuesta, como pasará con otras que apuntan a este mismo fin, será tratada sin privilegios.

En Santa Cruz, diputados y senadores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos adoptaron un solo proyecto de ley. El senador Henry Montero (Creemos) explicó que la propuesta será tramitada de manera simultánea en las dos cámaras de manera que ésta sea aprobada de manera urgente, tomando en cuenta que Santa Cruz cumplió 25 días de protesta.

El primero de los cinco puntos que incorporó la oposición en el proyecto es que el empadronamiento se haga en octubre de 2023, según la determinación del cabildo del 30 de septiembre. El segundo punto plantea que los resultados del censo sean entregados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) antes del tercer trimestre de 2024. El tercer punto de la propuesta incorpora un plazo de seis meses desde la entrega de los datos del censo para la “concertación y suscripción del pacto fiscal sobre redistribución de los recursos económicos” que son de la recaudación tributaria.

En función de esta premisa, el cuarto punto del proyecto plantea la remisión de resultados “por parte del Ejecutivo al Órgano Electoral, en un plazo no mayor a un mes de los resultados”.

“El Órgano Electoral, con los resultados del censo, deberá realizar el saneamiento del padrón electoral y la reasignación de los escaños parlamentarios”, se lee en el quinto punto del plan.

“Todos iremos a La Paz y la idea es ingresar el proyecto de ley por dispensación de trámite. Lo haremos a primera hora del miércoles”, confirmó a EL DEBER, Luisa Nayar, disputada cruceña por CC.

Anticipó que apelarán al artículo 103 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, que indica la dispensación de trámite y voto de urgencia. En este caso, este sentido de urgencia está vinculado con la protesta cruceña.

El gobernador Luis Fernando Camacho confirmó esa agenda política como jefe de la alianza Creemos de su cuenta en Twitter.

El primer vicepresidente del Comité Cívico, Fernando Larach, afirmó anoche que “el paro continúa”. “No hemos considerado levantarlo. Después de las 72 horas vamos a evaluar cuál será nuestra relación con el Estado siempre respetando la Constitución y la unidad del país”, afirmó el cívico.

“No hemos aceptado el decreto de Luis Arce y eso debe quedar claro”, apuntó luego Stello Cochamanidis, segundo vicepresidente del Comité Cívico. “El pueblo necesita volver a la normalidad, pero esa normalidad significa que se van a respetar nuestros derechos, nuestras libertades y tener el censo que todos queremos para un mejor mapeo electoral y unas elecciones en 2025 de la manera más transparente posible”, precisó el dirigente.

El Comité Interinstitucional había presentado el lunes la primera propuesta. Allí se incluyeron las dos promesas gubernamentales, es decir, la entrega de resultados para redistribución de recursos económicos, incluida en el decreto 4824 y que esos resultados lleguen al TSE de manera oportuna, tal como lo prometió el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, poco antes de la celebración del cabildo del domingo.

Pero, las instituciones que promovieron la protesta por el censo creen que el Gobierno incumplió en varias oportunidades. El asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, recordó que Arce firmó tres decretos para fijar la fecha del próximo censo.

Pero desde el lunes, precisamente por efecto del gran cabildo, comenzaron a llegar otros proyectos de ley, incluidos varios del oficialismo. El senador tarijeño, Rodrigo Paz, de la alianza opositora de Comunidad Ciudadana (CC), cree que “lloverán propuestas alentadas por el mismo MAS para que la solución por esa vía sea inviable”. Consideró, de este modo, que deba ser Arce quien apruebe otro decreto para sanear la falta de confianza en el Gobierno que provocó el conflicto.

Más temprano, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, destacó la necesidad de unificar las propuestas. “Ha existido coincidencias, más allá de las diferencias políticas e ideológicas de los asistentes, hay un compromiso asumido para trabajar para que la distribución de los recursos económicos, pero también garantizar la nueva representación parlamentaria”, apuntó el rector.

Cuéllar se reunió con representantes de la región y acordaron las bases de la propuesta que se presentará este miércoles en La Paz.

“La fecha es tremendamente importante para que se haga el censo, pero es más importante saber cuándo se entregan los resultados. Uno puede tener la fecha que demandamos y no tener los resultados y eso sería lo mismo que igual”, consideró el vicerrector, Reinerio Vargas.

Más tarde la autoridad académica convocó, “incluso a los sectores del MAS” para que se sumen a la “gran marcha de marchas” que tendrá lugar el viernes.

Aseguró que el Comité de Movilizaciones de la Universidad “ha instruido que mantengamos la movilización permanente hasta que se consigan los objetivos de esta lucha”. Anunció que la protesta también será para identificar a los sectores que traicionaron a la región durante la larga lucha por el Censo.

El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, salió ayer al balcón de su casa para agradecer a un grupo de vecinos que llegó para conocer el futuro del conflicto. El cívico agradeció por el esfuerzo y lamentó no estar en las calles en estos momentos “complejos y decisivos”. Esto sucedió tras la liberación de 15 de las 17 personas que fueron detenidas durante los disturbios del viernes cuando surgieron denuncias sobre abusos de la Policía. El cabildo del domingo dio 72 horas para esta liberación y el plazo se vence este miércoles.

En Sucre, el Comité Impulsor de Juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez anunció una querella contra Camacho y Calvo.