La objeción de querella que había presentado la defensa del expresidente, Carlos Mesa y el diputado, Carlos Alarcón, en contra de David Moscoso, uno de los socios de la empresa Quiborax, fue rechazada por el juez Ernesto Macuchapi, quien dio inicio al juicio privado por injurias, difamación y calumnias a ambas personalidades, informaron desde Comunidad Ciudadana.
“El objetivo de toda esta tramoya de la justicia masista es dar luz verde para los juicios, inhabilitar políticamente a Carlos Mesa y expulsar de la Asamblea Legislativa al diputado Alarcón, bajo el disfraz de un juicio penal de carácter privado”, protestó el diputado Carlos Alarcón.
El 30 de enero el exmandatario denunció que una nueva estrategia de persecución política se había puesto en marcha desde el Gobierno con la instauración de un juicio privado presentado por el empresario David Moscoso, quien fue condenado por falsificación de documentos, aunque luego el Tribunal Supremo de Justicia anuló esa sentencia.
Moscoso era parte del directorio de Quiborax y según Carlos Mesa, falsificó un documento de conformación de su empresa que luego le sirvió para llevar a un juicio internacional al país y lograr el pago de $us 42,6 millones. Las autoridades del gobierno de Evo Morales responsabilizaron por ese proceso a Mesa y hay un juicio de responsabilidades por ese caso en el parlamento.
Según Alarcón, el fin de este juicio es eliminar políticamente a Carlos Mesa y lograr la expulsión de él del parlamento y relató que el juez Macuchapi, en la audiencia de este miércoles, solamente repitió los argumentos del abogado de Moscoso.
Según el parlamentario, hubo una serie de irregularidades en este proceso, como que el juez no tomó en cuenta que la querella, criminaliza el derecho de defensa de Carlos de Mesa en el Juicio de Responsabilidades denominado Quiborax y no tomó en cuenta que la absolución inconstitucional de Moscoso hecha por el TSJ no está resuelta porque hay pendiente un Amparo Constitucional presentado por la Autoridad de Fiscalización de Empresas que pide la nulidad de la absolución de Moscoso, con el agravante de que este fue ocultado.
A esto se debe sumar que, el juez no tomó en cuenta que Moscoso no presentó la prueba de la publicación obligatoria en un medio de comunicación de difusión nacional, de la absolución del TSJ.