Juez abre pesquisa penal contra responsables del asalto al Hotel las Américas

El Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, a cargo del juez Manuel Baptista, ordenó abrir una investigación contra los responsables del asalto al Hotel las Américas. El caso, que llegó a ese tribunal hace un año, fue rechazado varias veces por la Fiscalía, pero fue retomado a pedido de la Defensoría del Pueblo. 

Ante este escenario, las víctimas rompieron su silencio para pedir justicia ante la violación de sus derechos. La demanda fue planteada por delitos de torturas y otros agravantes a instancias de los sobrevivientes del ataque policial que dejo tres muertos hace 15 años.

Según documentos a los que accedió EL DEBER, el caso está radicado como “inicio de investigación” y contra presuntos autores por la Fiscalía de Santa Cruz, que tiene como base la denuncia formalizada por los únicos sobrevivientes, el boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elód Tóásó, ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos CIDH por los delitos de ejecuciones extrajudiciales, tortura a los sobrevivientes y otros delitos vinculados con la violación a los derechos humanos.

La CIDH determinó, en un informe de fondo, que en el Hotel las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno en contra de cinco miembros de un supuesto grupo armado, e instó para evitar un juicio internacional “que los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano”.

 El documento, aprobado por la CIDH el 21 de diciembre de 2021, es la antesala de un juicio ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) que juzgará al Estado boliviano.
La madrugada del 16 de abril de 2009, un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), un grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió en sus habitaciones disparando sus armas de fuego. 

Como consecuencia Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer resultaron muertos; Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos y tras pasar varios años en prisión llevaron el caso a la CIDH.

El siguiente punto conclusivo de este organismo internacional apunta al Gobierno. “Constan en el expediente notas de prensa que refieren que miembros de la Fiscalía y de la Policía departamental de Santa Cruz no fueron considerados porque “todo estuvo a cargo del Ministerio de Gobierno, desde La Paz, y que tenían orden de no intervenir”. Esa noche, el entonces presidente Evo Morales se encontraba en Venezuela y desde allí confirmó el operativo acusando a los extranjeros de “separatistas”.

El juzgado no detalló nombres de los responsables del asalto. La Fiscalía de Santa Cruz pidió al tribunal una última ampliación por 60 días para presentar imputación formal. Este plazo ya está por cumplirse y si no se pronuncia habrá otra conminatoria por este caso.

El ex líder cívico Branko Marinkovic señaló ayer que Morales deberá responder ante una corte internacional por este hecho, y que marcó su exilio por más de una década fuera de Bolivia y la desarticulación de la oposición.

“En el momento que ocurrió la masacre del Hotel las Américas se escribió un capítulo negro en nuestra historia. Porque son crímenes de lesa humanidad”. Por eso, “Evo Morales va a terminar en una corte internacional”. Sin embargo, Marinkovic sostuvo que el tiempo es un juez inexorable. Para él, es solo cuestión de tiempo antes de que Morales sea llevado ante una corte internacional por crímenes de lesa humanidad.

“Al final Evo Morales va a terminar en una corte internacional por este tema. Eso se los puedo firmar en un papel. No sé si va a ser en un año, dos, o cinco años. Pero va a estar en una corte respondiendo por crímenes de lesa humanidad. De eso no hay cómo escaparle”, dijo el exlíder cívico y empresario.

En un contacto con EL DEBER, Toásó dijo que este proceso nace como una obligación que tiene el Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Explicó que la denuncia está centrada en delitos como la tortura y ejecuciones extrajudiciales, así como otras violaciones de derechos humanos durante los procesos en su contra.

 Cuando se le preguntó sobre los responsables del trágico suceso, Toásó señala que hay varias personas involucradas, desde quienes llevaron a cabo los actos hasta aquellos que encubrieron judicialmente. “Hay varias responsables. Hay personas que mataron, otros que judicialmente taparon (el hecho). Corresponde a la justicia boliviana determinar el grado de los autores intelectuales y materiales. Nosotros denunciamos cientos de personas”, señaló.

Toásó confirmó que existen dos procesos en curso: uno a nivel internacional, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y otro a nivel nacional, en la justicia boliviana. El proceso interno busca investigar y encontrar responsables dentro de Bolivia, mientras que el proceso internacional busca garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.

Tadic señaló están en espera a que avancen las investigaciones “en base a todo el material aportado por nosotros, tanto en Bolivia, como ante organismos internacionales y somos bastante optimistas con respecto a los resultados, especialmente a nivel internacional”.

“Tengo conocimiento que van a citar a los miembros de Utarc, quienes asesinaron y torturaron en el caso Hotel las Américas. Es difícil porque la misma banda delincuente participó en varios actos. Actuó en caso de Leopoldo Fernández (caso Porvenir), caso de gasoducto de Tarija y otros”, reveló Töásó luego a EL DEBER a través de correo electrónico.

La CIDH también recomendó a l Estado reparar los daños por las muertes. El procurador general del Estado, César Siles, reconoció hace poco que no se logró un acuerdo con la familia del ciudadano irlandés, Michael Dwyer, victimado en Bolivia en 2009. En ese marco, anticipó un eventual juicio internacional ante la Corte IDH.

“La que nos ha trabado y posiblemente nos imposibilite cumplir todas las recomendaciones (de la CIDH) es la indemnización económica”, reveló Siles en esta jornada. 

La autoridad reconoció la deuda, pero indicó que el monto solicitado por la familia, según él, “es demasiado elevado”. Se trata de unos $us 2 millones.
Por este caso, el Estado enfrenta al menos 12 procesos legales.