Emma Bolshia Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), consideró que la muerte del reo Cristofer Quispe por efecto de torturas en el penal de Chochocoro es apenas “la punta del iceberg” de estos abusos que se cometen en los recintos penitenciarios.
En contacto con EL DEBER, Bravo señaló que la entidad que dirige hace seguimiento a estos casos desde hace 14 años y lamentó la debilidad institucional del país para poder sancionar e investigar este tipo de delitos.
Quispe fue hallado sin vida el 17 de octubre tras sufrir una golpiza que pudo ser dirigida por el teniente Wilson P., quien fue enviado a prisión preventiva en el penal de Patacamaya por este caso. Ocho policías y cuatro privados de libertad son investigados por esta muerte.
“Este tipo de violaciones a los derechos humanos y de tortura en cárceles es una constante. En Chonchocoro se recibe a los presos con una sesión de tortura en un sitio que se llama el búnker. Sólo al día siguiente van a una celda donde están dos semanas antes de ser enviados a la población carcelaria”, señaló la experta. El Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), una entidad que depende del Ministerio de Justicia, reveló que entre mayo y octubre se reportaron 23 casos de torturas en los penales del país, la mayoría de ellos ejercidos por policías con ayuda de otros privados de libertad. Frente a este dato, corroborado por el ITEI, Bravo recordó que en el último lustro se han registrado casos que han merecido la preocupación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humamos. Citó el caso de la “tortura masiva” en el penal de Villa Busch de Cobija, en Pando, que mereció una investigación especial y que fue remitida a organismos internacionales. También el caso poco conocido de cuatro internas colombianas del penal de Miraflores en La Paz, que fueron sometidas a una carga de gases lacrimógenos. “Ellas fueron acusadas de un intento de fuga. Las encerraron en un sitio y mojaron el piso antes de llenar el ambiente con gas lacrimógeno”, señaló la directora del ITEI, quien asegura que estos casos están documentados tanto por su organización como por el Sepret. Falencias. En criterio de la experta, no existe ninguna iniciativa legislativa que esté orientada a “adecuar un tipo penal como la tortura a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas”, un instrumento legal ratificado por el Estado boliviano. “Por eso no existen medidas específicas para garantizar que estos delitos se castiguen con penas proporcionales a su gravedad”, remarcó Bravo, quien consideró que también es urgente la creación de Fiscalía especializadas en derechos humanos. “Estas falencias contribuyen a la impunidad creciente en las fuerzas del orden cuando comenten este tipo de delitos. El Policía tortura y sabe que no le va a pasar nada. Nosotros que trabajamos como 14 años en las cárceles bolivianas, constatamos estos actos de tortura que son moneda corriente y que terminan en la impunidad”, remarcó Emma Bolshia Bravo.