Más de dos meses después de que EL DEBER reveló que representantes del autodenominado “Estado de Kailasa”, una entidad ficticia sin reconocimiento internacional, intentaron firmar contratos con comunidades indígenas bolivianas para arrendar hasta 60.000 hectáreas de territorio colectivo, el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, finalmente respondió a una petición de informe oral.
Pero “lo hizo con evasivas, tecnicismos” y una actitud calificada de “encubridora” por legisladores del oficialismo y la oposición.
El reporte oral fue presentado el 8 de mayo por el ministro de Desarrollo Rural, Juan Yamil Flores Lazo, ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
EL DEBER consiguió el documento de descargo de esta autoridad y también conversó con legisladores que estuvieron en la sesión que trabajó sobre este caso.
La senadora Cecilia Requena, presidenta de esta Comisión, concluyó: “El ministro ha deslindado no solo responsabilidad, sino interés. Ni siquiera ha hecho el intento de conocer los contratos. Le ofrecí enviárselos, pero no le interesa. Para él, no es competencia del Ministerio, y punto”.
“No corresponde”
Fueron 20 preguntas que respondió Flores y en casi todas las respuestas repitió: “No hay competencia”, “no se ha recibido documentación formal”, “no corresponde adjuntar respaldo”.
Incluso cuando se le preguntó si el Ministerio considera que estos contratos violan la Constitución —que declara la propiedad colectiva indígena como inalienable e indivisible—, Flores aseguró que no conocía los documentos. Con esas respuestas recurrentes deslindó toda responsabilidad y apuntó al Ministerio de Gobierno y a la Policía, instancias estatales que deberían actuar.
Denuncia de Requena
Según Requena, el ministro reconoció que los contratos que se firmaron con Kailasa podrían ser nulos de pleno derecho, pero no hizo nada para confirmar su existencia o actuar en consecuencia. “No pidió los contratos, no coordinó con nadie, no emitió alertas, no ofreció asesoramiento a las comunidades. En resumen: no movió un dedo. Y eso es grave, porque no estamos hablando de un rumor, sino de una denuncia pública con evidencias”, reclamó.
Según Requena, el informe no solo revela pasividad, sino también una posible omisión de deberes. “No es solo que no hicieron nada. El gobierno, además, facilitó la huida de los representantes de Kailasa. Eso es encubrimiento. Lo que correspondía era detenerlos preventivamente, averiguar quiénes estaban detrás, pero en lugar de eso los sacaron del país.”
El informe ministerial evitó referirse a hechos conocidos públicamente: el intento de alquiler perpetuo con la Nación Baure por $us 108.000 anuales, las reuniones con líderes Esse Ejja, Cayubaba y guaraníes de Cordillera, los contactos con el Conamaq, la Cidob y hasta una fotografía de una delegada de Kailasa junto al presidente Luis Arce durante un acto oficial en octubre de 2024.
Tampoco se pronunció sobre el diputado Herbert Taboada (CC), quien fue fotografiado con miembros del supuesto “Estado” en Estados Unidos. Ni sobre la reunión documentada en video entre delegados de Kailasa y funcionarios municipales en Trinidad.
Contra una periodista
Mientras la periodista Silvana Vincenti, autora de la investigación de EL DEBER, recibió amenazas tras publicar los documentos y audios de los contratos, el Estado calla. El gremio de la prensa e instituciones cruceñas salieron en su defensa.
Requena anunció que, la Comisión que preside exigirá más respuestas. “Vamos a seguir con la fiscalización, pedir informes a Cancillería, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Justicia y evaluar si corresponde denunciar al ministro por incumplimiento de deberes”, afirmó.