Un foro desarrollado por la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), en el hotel Real Plaza de La Paz, reunió a cinco candidatos de ocho fuerzas políticas para compartir sus propuestas en cuanto a las actividades mineras, deforestación, agronegocio, mercantilización de la naturaleza, agua, semillas transgénicas y agrotóxicos, entre otros.
Si bien la iniciativa estaba destinada a conocer las voces de los candidatos a la Vicepresidencia, solo participó el candidato a la vicepresidencia por Alianza Democrática Nacionalista (ADN), Víctor Hugo Núñez del Prado, mientras que el resto eran los aspirantes al Senado y la Cámara de Diputados.
Entre ellos figuraron Cecilia Requena, candidata a diputada por La Paz por el Frente Unidad; Camila Ugalde, representante de Alianza Popular (AP); Juan Giacomán por APB-Súmate, postula como senador suplente por La Paz; y Santiago Terceros por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), aspirante a diputado uninominal por Santa Cruz.
El secretario técnico de la PBFCC, Juan Carlos Alarcón, en una evaluación final del foro, se mostró expectante ante la posibilidad de que las futuras autoridades impulsen actividades para enfrentar la crisis climática nacional.
“Ojalá que, como han dicho, haya un compromiso de avanzar hacia alternativas para superar el extractivismo y la venta de materias primas, actividad que no nos beneficia a nosotros. Nuestros recursos se van a otros países a fortalecer esas industrias. Hubo debates interesantes que también incomodaron, pero necesitamos discutir más sobre esta materia”, detalló Alarcón.
Cecilia Requena comentó que “el agronegocio solo busca generar dinero, a diferencia de la agricultura familiar y agroecológica”. En tanto que Camila Ugalde habló de que se necesita una nueva Ley Minera que se adapte a las condiciones actuales: “Tenemos vacíos legales para rearmonizar nuestras leyes ambientales. Por estos vacíos legales los mineros, los cooperativistas, no son reconocidos por el Estado y no pueden acceder a los permisos adecuados”, dijo.
En otra línea, Víctor Hugo Núñez consideró que la minería no puede ser eliminada del aparato económico de Bolivia, aunque dijo que esta debería obedecer ciertos parámetros como ser responsable y participativa: “En la actualidad, los permisos se los extienden porque amistades o por lazos familiares y los mineros ‘entran’ a deshacer porque tienen el apoyo de alguna autoridad corrupta”. expresó.
Juan Giacoman, cuestionó a los congresistas que terminan su gestión este año al supuestamente ser los primeros en aprobar las leyes incendiarias de 2024: En 2024, más de 12 millones de hectáreas de pajonales, bosques y otras áreas perecieron bajo incendios descontrolados que arrasaron territorios, incluso endémicos, indicó..
Santiago Terceros, apuntó: “Tenemos una posición descentralizadora, las decisiones se tienen que tomar donde ocurren las cosas. Se requiere consulta previa. No podemos seguir con una minería ilegal a espaldas del Estado boliviano. Tiene que haber cierre de las operaciones mineras ilegales”.
En el otro frente, representantes de pueblos indígenas y de las casi 60 organizaciones que conforman la Plataforma, leyeron un pronunciamiento en el que demandaron respeto a sus territorios y a sus culturas.
“Es hora de transitar hacia un modelo económico diversificado y sostenible que fortalezca las economías comunitarias, las economías territoriales, los sistemas agroecológicos y solidarios, situación de la vida en el centro”, se lee en el documento indígena y juvenil.