El 24 de agosto de 2025 cumplió 33 años y su padre lo felicitó. Se trata de Marcelo Arce Mosqueira —el hijo mayor del expresidente Luis Arce Catacora— quien ya pasó dos noches en una celda policial de Santa Cruz. Hoy debe presentarse ante el juez que decidirá si acepta enviarlo a la cárcel de Palmasola por 180 días, tal como lo solicitó la Fiscalía. El joven está imputado de legitimar ganancias obtenidas de manera ilegal.
De hecho, la investigación abierta en su contra puso bajo la lupa un patrimonio llamativo para su perfil económico. Tiene a su nombre 18 bienes inmuebles, 20 vehículos y al menos dos transacciones observadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), una por más de Bs 300.000 y otra por más de Bs 500.000, registradas entre 2022 y 2024, cuando el MAS —el partido en el que militó su padre— estaba en el poder. Esa fue la alerta que activó el caso y que terminó con su aprehensión el 18 de marzo en el barrio de Equipetrol. Ese día, Arce estaba circulando en una Ford Raptor, un vehículo que tiene un costo de $us 110.000.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó a EL DEBER que la UIF comparó los ingresos conocidos de Marcelo Arce con sus movimientos económicos y concluyó que las operaciones detectadas no guardaban relación con su perfil. A partir de ese informe, el Ministerio Público abrió una causa y luego emitió la orden de aprehensión al amparo del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. El fiscal general, Roger Mariaca, justificó ayer el pedido de detención preventiva porque se detectó indicios de responsabilidad, peligro de fuga y riesgo de obstaculización.
El miércoles, poco antes que Arce Mosqueira fuera capturado por agentes de la Policía, hubo un allanamiento en un departamento del edificio Sky, donde no se encontró al investigado, pero se secuestraron $us 16.500, Bs 40.000, una camioneta y un casco de YPFB.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que Arce Mosqueira intentó huir y que usaba indumentaria de la petrolera estatal para hacerse pasar por un funcionario. También fueron aprehendidas otras cuatro personas.
Pero la hipótesis que se investiga va más allá de un crecimiento patrimonial sin explicación. El viceministro García reveló que el hijo mayor del expresidente trabajó en YPFB Corporación y después como jefe de Ingeniería en YPFB Chaco, pero sostuvo que incluso después de dejar funciones habría seguido operando “en un piso de YPFB” y tomando decisiones dentro de la estatal, para direccionar procesos de contratación mediante servidores públicos que ahora deberán declarar.
El caso Botrading
Este punto conecta el caso actual con un expediente más amplio y políticamente más delicado: Botrading.
La Cámara de Diputados aprobó en septiembre de 2025 un informe final sobre presuntas irregularidades en esa firma vinculada con el suministro de combustibles a YPFB. El documento recomendó remitir antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría, y centró sus observaciones en la creación de la empresa y en 12 contratos de provisión de combustible con posibles indicios de daño económico al Estado.
La investigación sobre Botrading no se detuvo ahí. En enero de 2026, YPFB informó que presentó una segunda denuncia para rastrear el destino de $us 55 millones, luego que YPFB Refinación otorgara un crédito de $us 80 millones para la operación de esa firma en Paraguay. Desde entonces, el caso quedó partido en dos. Por una parte, la de contratos observados y, por otra, la del préstamo millonario cuyo destino parcial aún es investigado.
En ese contexto, Oviedo endureció el discurso y colocó a Marcelo Arce en el centro de las sospechas sobre el manejo de la petrolera estatal durante la gestión pasada. Ayer dijo que era el “amo y señor de YPFB”, que nada se movía sin su conocimiento y que operaba en complicidad con el expresidente de la estatal petrolera Armin Dorgathen, uno de los principales investigados en el caso Botrading, que huyó a Brasil.
Oviedo también afirmó que detrás de la actual crisis heredada en YPFB, incluida la polémica por la gasolina contaminada, había una “estructura delictiva” que aún no fue totalmente desmontada.
La Fiscalía, sin embargo, mantiene por ahora un eje más concreto: dinero, bienes y origen de fondos. Mariaca informó que la investigación no alcanza solo a Marcelo Arce Mosqueira, sino también a su padre —el expresidente— y a sus hermanos, dentro de un entorno familiar que ya venía bajo observación por otros movimientos patrimoniales. En paralelo, Yamil García señaló que el caso podría sumar nuevos delitos, como uso indebido de influencias o daño económico al Estado, si se confirma que el patrimonio y las transferencias observadas provienen de contratos públicos o de decisiones tomadas desde YPFB.
El cuadro político que rodea el caso agrega otra capa de impacto. El expresidente Arce cumple detención preventiva desde diciembre de 2025 en el penal de San Pedro por el caso Fondo Indígena, después de que un juez dispusiera cinco meses de encierro y esa medida fuera ratificada días después por un tribunal de alzada. Así, padre e hijo quedaron atrapados en procesos distintos, pero bajo un mismo signo. Denuncias de corrupción y un patrimonio que hoy es examinado por fiscales, jueces y unidades financieras.
La audiencia cautelar de Marcelo Arce definirá si enfrenta la investigación desde la cárcel o en libertad. Eso sí, el cumpleaños 34 del próximo agosto será diferente para la familia del expresidente.
En paralelo, fuentes policiales informaron ayer que Arce Mosqueira pudo haber sido detenido el martes, un día antes del operativo que permitió su captura. Además, al menos siete agentes están bajo la lupa por presunto encubrimiento y protección al hijo mayor del exmandatario.