Jhonatan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa de San Ramón (Beni), fue ejecutado en la plaza principal del municipio tras recibir 32 disparos, según confirmó a EL DEBER el viceministro de Régimen Interior y Policía, general Jhonny Aguilera. Ese dato convierte al ataque en un mensaje de extrema violencia y “profesionalismo criminal”, sostienen las autoridades.
“Fue un ataque calculado y letal: 32 disparos desde una camioneta Fortuner”, declaró Aguilera a EL DEBER. Añadió que el hecho forma parte de una pugna entre organizaciones criminales que antes operaban bajo el entorno del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y que hoy se disputan el control con la estructura de Yasser Andrés Vásquez Cardona, alias Coco Vázquez.
Un crimen con sello de advertencia
La cifra —32 impactos— no es anecdótica. Para especialistas consultados por esta casa periodística en casos similares, un número tan elevado de disparos suele responder a tres fines: eliminar al objetivo sin margen de supervivencia, enviar un mensaje intimidatorio a terceros y demostrar capacidad operativa frente a rivales.
Aguilera señaló además que, en otros ataques vinculados a estas redes, se observan letreros y consignas que incitan a la violencia (“Matemos al sapo”, “Que muera el Colla”), lo que refuerza la tesis de ejecuciones selectivas con carga simbólica.
Antecedentes que encadenan el hecho
López Rodríguez ya había sobrevivido a un atentado en abril pasado en el Cambódromo de Santa Cruz de la Sierra, cuando una vagoneta blanca —que la Policía vincula al clan Marset— fue usada en un ataque donde su acompañante murió.
Aguilera recordó que esa misma vagoneta fue encontrada abandonada en 2023 en un aeropuerto y fue vinculada entonces a la red de Marset; pese a ello, el vehículo fue devuelto a un supuesto propietario y volvió a aparecer en hechos violentos este año.
Según la hipótesis oficial, el hijo de la alcaldesa habría cambiado de bando dentro de esa estructura criminal, lo que habría precipitado su ejecución masiva en la plaza de San Ramón.
Logística, complicidades y fricciones judiciales
El viceministro detalló la complejidad operativa en Beni: rutas fluviales, uso de pontones y lanchas y la supuesta participación de efectivos navales para el traslado de sicarios. Afirmó que ya hay detenidos entre personal naval y que se han remitido informes con nombres de “pilotos” y enlaces logísticos.
La autoridad denunció, además, trabas judiciales: siete solicitudes de allanamiento en el último mes fueron rechazadas por un juez, y recordó que en octubre de 2023 la intervención en domicilios de la alcaldesa de San Ramón encontró “armas largas y combustible para avionetas”, hecho que, según él, motivó la denuncia de la edil y la posterior separación del Ministerio de Gobierno de las pesquisas vinculadas a Marset.
“No vamos a dejar de perseguir a estas estructuras”, apostilló el viceministro Aguilera aunque el avance de las pesquisas dependerá de la coordinación entre Policía, Ministerio Público y la Justicia.
El telón de fondo
En paralelo, la Policía de Santa Cruz investiga el posible secuestro o atentado contra Ívar García, alias ‘El Colla’, presunto testaferro del narcotraficante Marset, mientras el propio Marset difundió recientemente un video con amenazas y elementos delictivos que el Gobierno valora con alto grado de veracidad.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, y la Fiscalía mantienen bajo su competencia decisiones sobre medidas de protección y pedidos de testigo protegido presentados por la defensa de ‘El Colla’. Los expertos consultados también subrayan la necesidad de transparencia: en casos previos —como el asesinato del capitán José Carlos Aldunate— surgieron dudas por la rapidez en la identificación de sospechosos y la remoción de equipos investigativos.