Mientras que en el ámbito internacional las autoridades exaltan el discurso ‘pachamamista’ y apelan a financiamientos ‘verdes’, puertas adentro, en Bolivia, y con mayor intensidad en la última década, mineros ilegales, urbanizadores, incendiarios y avasalladores invaden y destruyen áreas protegidas, territorios indígenas y reservas forestales y acuíferas.
En respuesta, activistas, organizaciones no gubernamentales, legisladores, naciones indígenas de tierras bajas y altas intentan contrarrestar el daño ambiental apelando a la instancia judicial, que a menudo ha rechazado las demandas, y cuando contestó de forma positiva, los niveles llamados a obedecer las sentencias han incumplido con los mandatos de manera efectiva, como ocurrió con el Ejército y la sentencia agroambiental de militarizar el Parque Nacional Madidi contra la minería ilegal.
En Oruro, específicamente en el municipio de Poopó, hace un par de semanas se reunieron periodistas y representantes de cinco poblaciones afectadas por la minería, por la falta de fiscalización de parte del Estado, o por decisiones de entidades como el INRA.
También asistieron funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), y del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), para atender al ayllu San Agustín de Puñaca, ya que según un informe elaborado por técnicos del mismo MMAyA, las vertientes de la zona están contaminadas por metales tóxicos, como cadmio, plomo, manganeso, arsénico, hierro, antimonio, aluminio, sodio y otros, que sobrepasan los niveles permitidos y dañan la salud de los animales y de los habitantes.
Las autoridades indígenas del ayllu San Agustín de Puñaca presentaron una Acción Popular para frenar la minería, sobre todo de la empresa Huanuni, solicitud que fue rechazada. Otros actores de la reunión en Oruro fueron representantes de los indígenas tsimanes del territorio Yacama, en Beni, a quien el INRA negó consolidarles el territorio. En el reciente Pre Fospa, realizado en Rurrenabaque en julio de este año, los tsimanes fueron catalogados como una de las naciones indígenas más vulnerables del país, y que vive en pésimas condiciones. Con la ayuda de Fundación Tierra, los tsimanes presentaron una Acción Popular, demandando al Estado boliviano por la ocupación de sus territorios, pedido que fue rechazado. Para exponer su caso, también participaron integrantes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), que ganaron una Acción Popular interpuesta contra a la contaminación minera de los ríos de la zona, y que según un estudio, ha dejado altos niveles de mercurio en al menos seis naciones originarias. Un cuarto grupo presente en Oruro fue la Fundación Pueblos de Montaña, que ganó la Acción Popular para que se asuman acciones de protección al sitio ramsar lago Uru Uru, y el cerro patrimonial La Víbora. Mediante esta Acción Popular, la justicia conminó a las autoridades de la Alcaldía de Oruro y de la Gobernación de Oruro a asumir acciones para proteger estos sitios del avasallamiento y la contaminación. La quinta y última representación fue la de Potosí. En octubre del año pasado, la Comisión de Medio Ambiente, Minería y Forestación del Concejo Municipal, Pastoral Tema, Soope y Aapos de Potosí presentó y ganó una Acción Popular, que ordenó a los representantes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM) el cierre de las bocaminas ilegales, que operaban en cercanías de la cuenca San Sebastián, y que ponían en riesgo de contaminación las aguas de seis reservorios. Sabor a poco Específicamente fueron para atender al ayllu San Agustín de Puñaca, al que le dieron alternativas inciertas. “Nosotros no tomamos decisiones como técnicos, hay conductos regulares, si quieren hacer alguna solicitud, háganla llegar oficialmente al ministro o al viceministro para que se atienda, en orden, no podemos asumir compromisos”, dijo uno de los técnicos del MMAyA a los indígenas que pedían agua con condiciones mínimas para el consumo, tanto de ellos como de sus animales. “No debería ser así, debería venir gente con poder de decisión para arribar a una solución, o tendremos que salir en marchas para que nos escuchen”, respondió uno de los habitantes del ayllu. Otro técnico, esta vez del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT), les ofreció pastillas potabilizadoras, y también la perforación de pozos, dejando en claro que hay muchas demandas, porque para ellos “todas son prioridades”, y que esta perforación podría tomar hasta un año al existir una lista de espera. Sin embargo, no se habló de medidas estructurales que resuelvan el problema de contaminación con metales pesados. Otros recursos legales Aparte, hay muchos casos más, como los que generaron el Madidi, Tariquía, el río Pilcomayo la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá Urubó, y otras zonas afectadas. Solo por Güendá Urubó, los diputados María René Álvarez y Luisa Nayar, y el concejal Fede Morón, interpusieron Acción Popular, además de una solicitud de pausa ambiental, dirigida a la Gobernación, de parte de la legisladora María José Salazar. En la lista de reclamos legales también estaba Bajo Paraguá, Acción Popular interpuesta por Álvarez, y que fue ganada.. Aparte, las senadoras Cecilia Requena y Silvia Salame plantearon Acción de Inconstitucionalidad contra normas mineras que permiten actividades mineras en áreas protegidas, recurso que fue rechazado. Las legisladoras Requena y Mariela Baldivieso, junto con el Conade, APDHB (Amparo Carvajal), y lugareños, interpusieron una Acción Popular contra la actividad hidrocarburífera en la Reserva de Tariquía, que fue rechazada. Otra acción ambiental preventiva y reparadora en defensa del Madidi, fue interpuesta contra la minería ilegal, en específico contra Ramiro Cuevas, responsable legal de la Cooperativa Minera Virgen del Rosario, que opera ilegalmente en el Madidi. Paradójicamente, hace poco Cuevas ha iniciado juicio a dos guardaparques del Sernap, Raúl Santa Cruz y Marcos Uzquiano, a pesar de que este minero tiene procesos penal y administrativos por minería ilegal. “Hay una tendencia a presentar estos recursos, sobre todo desde que el Tribunal Agroambiental está dando señales positivas”, dijo la senadora Requena. Sin embargo, el abogado Rodrigo Herrera, cuestionó el cumplimiento de las sentencias, como la de militarizar el Madidi. “Fue un saludo a la bandera, entraron por dos semanas y luego se retiraron”, lamentó. PARA SABER IMPRESCRIBILIDAD ENCUENTRO EN ORURO
En el encuentro de los afectados ambientalmente, realizado en Oruro, la respuesta de parte de la institucionalidad del Estado dejó sabor a poco.
La cita de Oruro fue apenas una muestra del panorama de interposición de recursos legales sobre temas ambientales.
Otro grupo de legisladores planteó una Acción Popular contra la minería en el Parque Nacional Madidi, que otorgó la tutela parcial para una reducción progresiva de la minería.
La CPE establece que los delitos ambientales no prescriben y que el Estado y la sociedad
deben mitigar los efectos nocivos al medioambiente y los pasivos ambientales (Art.
347).
A invitación de la organización Cenda, cinco accionantes de acciones populares -por temas ambientales- se reunieron en Oruro en septiembre de este año, para compartir sus experiencias con periodistas. Cada vez son más los demandantes contra el Estado boliviano, por contribuir al agravamiento de la problemática ambiental, tanto en el Altiplano como en el oriente del país.