El caso de la internación al país de más de 30 maletas sin control aduanero bajo una supuesta protección con pasaporte diplomático de la exdiputada, Laura Rojas Ayala el 29 de noviembre de 2025, alcanza ribetes de escándalo nacional y abre otras posibles causas de investigación penal para detectar la presunta comisión de legitimación de ganancias ilícitas, entre otros ilícitos.
En ese marco, el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, anotó que este acto irregular, además de las investigaciones que hace la fiscalía por presunto narcotráfico, abre otra línea de investigación tomando en cuenta al menos cuatro factores: el uso del pasaporte diplomático y la procedencia del dinero que ha financiado el vuelo chárter que trasladó a Rojas con sus 31 o 32 maletas.
“Es poco usual que se pueda generar un vuelo chárter desde Miami (Estados Unidos) a Viru Viru (Santa Cruz, Bolivia) con el costo informado públicamente de aproximadamente 180.000 dólares”, observó el titular de Transparencia.
Los otros dos factores que anota García es sobre ¿qué contenían esas maletas?, equipaje que, según el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, se desconoce su paradero. Y el cuarto punto es averiguar sobre la omisión de la Aduana Nacional que no controló ni verificó el contenido de ese equipaje que ingresó a Bolivia desde Estados Unidos.
“Debe investigarse una posible legitimación de ganancias ilícitas”, dijo García y agregó que, si bien este hecho es investigado por una comisión de fiscales especializados, el Gobierno está dispuesto “a brindar toda la información y toda la cooperación necesaria para que la verdad completa sea expuesta en el proceso”.
En ese marco, anunció que lo que corresponde es solicitar a la entidad correspondiente, en este caso, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la verificación financiera del origen del dinero que financió el vuelo chárter de Miami a Santa Cruz.
Pero además de aquello, el Gobierno insta al Consejo de la Magistratura que abra un proceso de investigación “a todas las autoridades judiciales que hayan sido objeto de denuncias y que como en este caso están siendo procesadas con indicios suficientes de tener vinculación con el narcotráfico”. Hasta el cierre de la edición el Consejo de la Magistratura no se pronunció sobre ese pedido.
Investigados y procesados
Hasta ayer, al menos unas ocho personas fueron implicadas en el hecho siendo los principales acusados la exdiputada y candidata a concejal, Laura Rojas, que está aprehendida y será sometida a una audiencia de medidas cautelares en la que se sabe que será imputada por la presunta comisión de tráfico de sustancias controladas.
El juez y, según su propia versión, amigo de Rojas, Hebert Zeballos, y dueño del galpón donde hallaron droga, que fue imputado por la Fiscalía por el delito de tráfico de sustancias controladas y confabulación y enviado a Palmasola por 120 días.
Roy Rony P. R. encargado de vigilancia de la Empresa Boliviana de Seguridad. Ebose S.R.L., de propiedad de Zeballos Domínguez, donde se encontró un cargamento de marihuana. Este vigilante fue el primer imputado y enviado a Palmasola con 180 días de detención, más que el propietario del galpón que cuidaba.
Además de estos tres investigados, ayer se aprehendió a otras tres personas vinculadas con la empresa donde se encontró la droga. Y sumados a ellos, ayer la Fiscalía convocó a dos funcionarios de la Aduana a que presten su declaración informativa sobre el caso.
Y a raíz de esta irregularidad, según el viceministro García, la Aduana inicia otra investigación interna en retrospectiva para identificar a los funcionarios de la entidad quienes, en los años del gobierno del MAS omitieron los controles y permitieron actos ilícitos como el contrabando de oro y la “exportación de toneladas de sustancias controladas” hacia Europa, hecho que se suscitó en el gobierno de Luis Arce.