Una organización criminal que antes lucraba con la exportación ilegal de gasolina subvencionada desde Bolivia habría mutado hacia un nuevo esquema basado en la importación de combustible adulterado, según reveló el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, quien confirmó además la participación de múltiples actores, incluidos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFPB), en una red que operaba a nivel internacional.
“Ya tenemos identificado un primer paquete de personas que entre ellos hay algunos funcionarios… No podemos decir que esto ha pasado fuera de Yacimientos o de la ANH, porque ahí atrás hay toda una organización criminal que debe ser tratada como tal”, señaló Paredes en entrevista con el noticiero de EL DEBER,
La autoridad explicó que el caso surge a partir de un operativo inicial apoyado en el cruce de información entre Bolivia y Chile, lo que permitió identificar el funcionamiento de esta estructura que también tenía vínculos con Paraguay y Argentina.
“El modelo de negocio ha cambiado. Antes sacaban gasolina subvencionada para venderla en Chile, pero como eso se cortó, ahora traen combustible contaminado sustituyendo parte con agua o aceite usado, que es mucho más barato”, detalló.
De acuerdo con los datos preliminares, cada cisterna que ingresa al país podría contener entre 500 y 1.000 litros de sustancias contaminantes, lo que afecta cargamentos de hasta 30.000 litros por unidad. El flujo diario —cercano a 100 cisternas desde Chile— amplifica el impacto del esquema ilícito.
Paredes advirtió que, aunque la gasolina no se mezcla completamente con el agua, la presencia de estos elementos genera una suspensión que igualmente daña motores y contamina otros volúmenes al ingresar a tanques de almacenamiento. “No es una mezcla homogénea, pero igual genera perjuicios”, afirmó.
La investigación también apunta a una red compleja que habría operado durante años bajo una apariencia de legalidad, aprovechando vacíos normativos y fallas en los controles. En ese contexto, el viceministro confirmó que ya existen varias personas identificadas dentro del circuito delictivo, incluyendo posibles actores vinculados a estructuras estatales.
Uno de los avances clave en el caso fue la detención de Marcelo Arce, hijo del expresidente Luis Arce, cuyo material informático permitió corroborar hipótesis sobre la infiltración de esta organización en instancias relacionadas con la cadena de hidrocarburos. “Hemos confirmado que se trata de una estructura construida durante muchos años”, sostuvo.
La autoridad enfatizó que no se generalizarán responsabilidades, pero sí se investigará a fondo a quienes participaron activamente. “No es contra todos los transportistas ni contra todas las empresas. Son algunos que han sido parte o han sido utilizados por esta estructura criminal”, precisó.
Asimismo, indicó que las denuncias surgieron semanas atrás y que, tras labores de inteligencia, se detectaron patrones irregulares que motivaron la intervención. También señaló que el esquema delictivo se sostenía en dos pilares: una logística bien estructurada y una normativa permisiva que facilitaba su funcionamiento.
En respuesta, se han iniciado ajustes en contratos y controles dentro de YPFB, además de operativos de verificación en surtidores para rastrear la trazabilidad del combustible y detectar posibles puntos de contaminación.
Paredes aseguró que las investigaciones avanzan en coordinación con el Ministerio Público y que ya se cuenta con declaraciones clave, como la de un conductor de cisterna que admitió haber sustituido parte del combustible por aceite a cambio de pagos irregulares.
“Vamos a llegar hasta el fondo, sin proteger a nadie, pero respetando el debido proceso. Aquí hay una organización criminal que ha causado un daño muy grande al país”, concluyó.
El caso continúa en desarrollo y se perfila como uno de los mayores escándalos recientes en el sistema de distribución de combustibles, con implicaciones tanto económicas como institucionales.