El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, y el gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Sergio Raúl Siles, informaron este lunes sobre una serie de presuntas irregularidades, malos manejos y daño económico al Estado detectados en la empresa estatal, hechos que ya derivaron en procesos judiciales, imputaciones y detenciones preventivas.
Durante una conferencia de prensa, el ministro Justiniano aseguró que el Gobierno tiene “cero tolerancia a la corrupción”, especialmente cuando se trata de recursos destinados a la seguridad alimentaria.
"Todos los casos que estamos presentando ya están en la justicia. Todos estos casos, a principio de la gestión, ya teníamos los indicios, ya habíamos intervenido Emapa, ya habíamos empezado con las auditorías. Por supuesto, eran indicios. Hoy por hoy ya están en la justicia. Hoy ya son más de 20 personas las cuales hemos detectado, pero la justicia ahora va a ser la que determine qué grado de implicación han tenido", expresó el ministro Justiniano.
Señaló que en Emapa se identificaron indicios de corrupción, daño económico e irregulares administrativas, que ahora enfrentarán procesos con respaldo de auditorías, informes técnicos y resoluciones administrativas.
Emapa bajo investigación; Franklin Flores sigue en "la mira"
Por su parte, el gerente de Emapa, Sergio Siles, detalló los principales casos investigados. El primero corresponde a la planta de transformación, acopio y almacenamiento de papa, un proyecto de Bs 148 millones, donde se identificaron presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. El principal investigado es Franklin Flores, exgerente de la estatal, quien cumple detención preventiva en el penal de San Pedro, además de otros exfuncionarios y familiares vinculados al caso.
Según Siles, se evidenció que recursos destinados a la industrialización de alimentos habrían sido desviados a cuentas personales.
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Irregularidades con harina subvencionada
Otro de los procesos abiertos es el denominado caso Harina 1, que investiga el presunto desvío de Bs 3,4 millones destinados a la compra de harina subvencionada, la cual habría sido revendida a precios elevados. En este caso también figuran como investigados Franklin Flores, ex funcionarios de Emapa y el ex dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, quien ya se encuentra con detención preventiva.
Asimismo, se amplió la investigación en el caso Harina 2, debido a la magnitud del presunto esquema irregular, que involucra no solo a ex autoridades de Emapa, sino también a ex autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo y familiares de los implicados. Los delitos investigados incluyen contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes y servicios públicos.
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Planta piscícola
Entre otros casos, también se investiga la planta piscícola del lago Titicaca, un proyecto con una inversión de Bs 87,7 millones, que permanece inconcluso. El principal investigado es nuevamente Franklin Flores, por presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Otros procesos y hechos irregulares
Siles informó sobre procesos relacionados con enriquecimiento ilícito y nombramientos ilegales, donde se identificaron designaciones de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos académicos ni experiencia, afectando áreas técnicas clave de la empresa.
En total, alrededor de una veintena de personas (entre ex funcionarios de Emapa, ex autoridades ministeriales, ex dirigentes de la Conapabol y familiares) se encuentran bajo investigación.
"Estos hechos ya derivaron en procesos administrativos, destituciones e investigaciones penales y como ustedes podrán observar, estamos hablando de alrededor de una veintena, entre ex funcionarios", indicó el gerente de Emapa.
Próximas acciones
El ministro Justiniano afirmó que el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas tiene el compromiso de remitir todos los casos detectados al Ministerio Público, para que esta instancia determine las imputaciones correspondientes, identifique a los responsables, establezca el grado de participación de cada implicado y cuantifique el daño económico ocasionado al Estado.
"Por responsabilidad, como Ministerio y como empresas, las cuales también están en este Ministerio, lo que vamos a realizar son las auditorías, las investigaciones y los informes técnicos para que presentemos a Fiscalía (...) Son muchos, muchos millones de bolivianos (Bs), los cuales fueron presuntamente desviados. Presuntamente, estas personas se han enriquecido, pero es la justicia, en esa independencia de poderes, quien tendrá la potestad de investigar e imputar", indicó el ministro en la rueda de prensa.