Las ocho recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, no cayeron bien al gobierno de Bolivia, que le pidió cautela sobre sus reportes.
“Recordamos a las instancias internacionales que el conflicto en Bolivia persiste, más allá de las acciones de consolidación de la paz que se viene realizando, por lo tanto, demandamos cautela de parte de las instituciones cuyas acciones puedan aumentar la polarización y la animosidad entre bolivianos, por ello pedimos que se pueda mejorar la coordinación de comunicación con el Estado en miras a la defensa de los derechos humanos”, señala la última parte de un comunicado del Ministerio de Justicia.
Según el gobierno boliviano, el reporte de la ONU “muestra claramente” que la crisis política del Estado boliviano fue generada por el expresidente Evo Morales que pese a los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2010 decidió postularse a la presidencia y empezó el conflicto.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, invitó a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, a visitar Bolivia a comprobar que las muertes ocurridas en Sacaba, Cochabamba, y en Senkata, La Paz, en noviembre del año pasado, no fueron ni por bala militar ni policial.
El informe
La OACNUDH emitió un informe en el que realiza ocho recomendaciones al Estado boliviano sobre el respeto de los derechos humanos. La primera es la rendición de cuentas que se refiere a las investigaciones sobre la violación de DDHH y la reparación de daños; pide asegurar el trabajo imparcial de la Fiscalía y fortalecer el IDIF.
Sobre el orden público, el informe recomienda que el mantenimiento del orden esté a cargo de la Policía, exclusivamente. Asimismo, observa que grupos paraestatales realicen tareas de seguridad; pide que se garantice el uso adecuado y proporcional de la fuerza desde la Policía.
Pese a ser un gobierno de transición la OACNUD le pide una reforma de la justicia y garantizar que esta sea imparcial.
El cuarto punto se refiere a las personas privadas de libertad y recomienda mejorar las condiciones carcelarias y fortalecer el Servicio para la prevención de la tortura.
En el quinto punto, aboga por la Defensoría del Pueblo y recomienda que sea protegida de cualquier forma de presión; aunque también pide garantizar la selección de una nueva autoridad de esa entidad.
En el sexto punto recomienda acciones contra los actos de discriminación incluyendo aquellas que provengan del gobierno y funcionarios públicos, autoridades, partidos políticos y otros actores.
En el séptimo punto piden que el Estado garantice las movilizaciones cívicas y garantice el derecho democrático de todos los actores, incluidos los periodistas.
En el octavo acápite el informe pide cooperación con los organismos internacionales y al mismo tiempo sugiere el restablecimiento de la oficina de OACNUDH en Bolivia.