Este lunes, Óscar Montes, gobernador del departamento de Tarija, pidió al Ministerio Público no judicializar el movimiento cívico que se encuentra movilizado en un paro nacional exigiendo que se abrogue la Ley 1386 y se discutan otras normas que son consideradas atentatorias a los derechos de la población.
La autoridad tarijeña indicó que la Fiscalía tiene que entender qué es un movimiento cívico, un movimiento social, por lo que no se debe caer en la tentación de judicializar las acciones que democráticamente el pueblo y las autoridades tienen el derecho de asumir.
Montes además señaló que es necesaria la restitución de los dos tercios en la Asamblea Legislativa para darle legitimidad a la aprobación de leyes.
Por su parte, el Comité de Movilizaciones del ente cívico, a través de una resolución, también repudia la persecución judicial que pretende realizar el Ministerio Público por la denuncia presentada por un dirigente campesino afín al MAS.
Se informó que el presidente del Comité Pro Intereses, Adrián Ávila, fue notificado para que se presente esta tarde en la Estación Policial Integral (EPI) del barrio Senac.
La diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, cuestionó el accionar de la Fiscalía de perseguir a los que encabezaron una justa lucha cívica y no sancionar a los que provocaron violencia en los últimos días en Tarija.
Desestimó mi denuncia contra mis agresores, ni abrió de oficio la investigación por las agresiones que sufrieron docentes de la Universidad Juan Misael Saracho y maestras, es una lástima, una pena que actúe de esta manera, lamentó Campero.
Este lunes, la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija realizó una marcha para expresar su apoyo al presidente Luis Arce y exigir que se suspendan los paros y bloqueos.
La marcha, según uno de los dirigentes del sector, fue pacífica, masiva y se llevó a cabo para pedir respeto a la democracia, paz, tranquilidad y trabajo.