El salón oval que está en el piso 13 del edificio de gobierno “Casa grande del pueblo”, acogió por última vez al presidente Luis Arce y a los 17 ministros que ayer presentaron su renuncia colectiva. Fue una despedida de más de cinco horas, tiempo en el que se promulgó una última ley, se rememoraron los momentos más duros que les tocó vivir y se derramó más de una lágrima, pero en privado, porque frente a la prensa, los colaboradores de Arce se mostraron sonrientes y aseguraron que se van “por la puerta grande” y “con la frente en alto”.
Mientras el último reducto del MAS se despide del poder y une fuerzas para salir juntos este viernes por la puerta principal del Palacio Quemado, al menos se arman tres frentes que anuncian minuciosas investigaciones y procesos por la vía penal contra todas las autoridades salientes, desde Arce hasta el último director.
Los anuncios se emiten desde el Partido Demócrata Cristiano, desde la bancada opositora de la alianza Libre y desde algunos activistas que cuentan las horas para hacer efectivas sus denuncias penales, en especial, contra el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien en 2024 acusó a varios ciudadanos de ser parte del supuesto “golpe” orquestado por el general Juan José Zúñiga. “No es venganza, es justicia”, subrayan irónicamente los afectados.
Adiós al poder
El último gabinete de Arce empezó a las 07:30 de ayer y concluyó después de las 13:00. A media mañana, la prensa tuvo acceso al salón por unos segundos para la “toma de imágenes” mientras el titular de Defensa, Edmundo Novillo, explicaba a Arce del costo de unos uniformes militares y el mandatario pedía la coordinación con Economía.
A pesar del hermetismo con la prensa, EL DEBER conoció más tarde algunos detalles de la reunión, por ejemplo, que el equipo de gobierno rememoró a modo de despedida los episodios más complicados que les tocó enfrentar en los cinco años a cargo del Estado, no faltaron los agradecimientos por la confianza otorgada y fueron inevitables las lágrimas de despedida que derramaron algunas autoridades salientes.
Mientras, en la calle los periodistas esperaron en vano por más de cinco horas a que Arce permitiera el ingreso al edificio público para la prometida toma de imágenes de despedida en el hall de Palacio Quemado. Aquello nunca pasó y las restricciones a la prensa impuestas desde la era de Evo continúan hasta el último día del gobierno del MAS.
Tras el almuerzo de camaradería, Arce, David Choquehuanca y los 17 ministros posaron para los lentes oficiales en el hall del nuevo edificio y en el hall de Palacio Quemado donde formaron una media luna alrededor del escudo que está incrustado en el piso.
Algunos se dejaron ver dos horas más tarde, cuando se asomaron por la puerta principal de Palacio Quemado. Entre ellos, el ministro de Minería Alejandro Santos, quien, casi vociferando aseguró que se van satisfechos y con la frente en alto.
¿¡Por qué vamos escapar!?, hemos dedicado la mayor cantidad de horas en beneficio del país y por ello nos vamos con la moral en alto, con la frente en alto, por haber trabajado por el pueblo boliviano”, aseguró Santos.
El ministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, contó que al final de la reunión Arce salió del salón, momento en el que los ministros redactaron la carta de renuncia colectiva, la firmaron y se la entregaron a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien por conducto regular entregará a Arce esta jornada. Esperan la respuesta del mandatario hasta el viernes, mientras seguirán cumpliendo sus funciones.
Piden arraigo y procesos
A los anuncios del gobierno entrante del PDC que harán auditorías a todas las reparticiones de Estado, se suman voces desde el Parlamento.
El jefe de bancada de de Libre en Diputados, Rafael López, pidió que se active una alerta migratoria para todas las autoridades salientes, desde el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca hasta los directores de áreas descentralizadas
“Se debería poner una alerta migratoria, se los debería arraigar, por lo menos unos seis meses”, dijo López y agregó que ese lapso debe realizarse una investigación minuciosa que determinará si deben ser procesados o no.
El diputado Armin Lluta (Libre) afirmó que una de sus tareas será fiscalizar e investigar al gobierno saliente por la grave crisis económica que dejan en el país.
“Ellos van a tener que rendir cuentas ante el pueblo y ante la justicia. Todos tienen que ser investigados porque tienen denuncias de todo tipo, desde personales hasta nepotismo, cobros irregulares. Solo como ejemplo en el tema de coca tenemos muchas denuncias de cobros irregulares”, dijo Lluta a EL DEBER.
El senador José Manuel Ormachea (Libre) anunció que desde el Senado se va a fiscalizar todas las gestiones pasadas, desde la primera gestión de Evo Morales hasta el nuevo gobierno que comienza con el PDC.
“Vamos a pedir que se conforme una comisión de la verdad que investigue las gestiones de Evo Morales, de Jeanine Añez y la gestión de Arce Catacora”, dijo Ormachea a EL DEBER. Agregó que en el caso de los mandatarios corresponde una proposición acusatoria para juicio de responsabilidades.
El otro flanco que anunció denuncias penales parte desde personalidades del ámbito político que fueron involucradas por Del Castillo en el documental presentado en abril: “¿Qué pasó el 26J?”, sobre el presunto “golpe de Estado” de junio de 2024. En dicho material exhibe, con nombre y foto, a analistas, activistas y dirigentes que serían parte del supuesto gabinete de Zúñiga.
Uno de esas fuentes reveló a EL DEBER que alista una demanda penal contra Del Castillo a quien acusará por difamación y calumnias.