El expresidente Luis Arce Catacora fue trasladado la tarde de este viernes al penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, donde deberá cumplir cinco meses de detención preventiva por el caso Fondo Indígena. El ingreso se produjo pasadas las 18:25, bajo un fuerte operativo policial, luego de que el juez 12º de Instrucción Penal Anticorrupción ordenara su reclusión mientras avanzan las investigaciones.
“No nos hemos ido, estamos aquí…”, dijo a los medios el exmandatario al ingresar al recinto penitenciario para cumplir con la detención preventiva impuesta por el juez anticorrupción Elmer Laura
Arce fue conducido desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), lugar desde donde participó de manera virtual en la extensa audiencia cautelar que concluyó con la imposición de la medida extrema. El despliegue policial incluyó un contingente de seguridad destinado a resguardar el traslado y evitar incidentes en el recorrido hacia el recinto penitenciario.
La determinación judicial se dio tras más de seis horas de audiencia, en la que el juez estableció la existencia de riesgos procesales, principalmente de obstaculización de la investigación, debido a la influencia que el exmandatario podría ejercer sobre exfuncionarios y testigos vinculados al caso. Además, la autoridad judicial consideró que existen indicios suficientes de probabilidad de autoría por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El caso Fondo Indígena es uno de los mayores escándalos de corrupción registrados en el país y se investiga el presunto desvío irregular de recursos públicos destinados a proyectos productivos para organizaciones indígenas y campesinas. La Fiscalía sostiene que, en su condición de ministro de Economía y miembro del directorio del fondo, Arce no ejerció los controles que le correspondían.
Con su ingreso a San Pedro, el expresidente inicia el cumplimiento de la detención preventiva ordenada por la justicia, mientras el Ministerio Público continúa con la toma de declaraciones, pericias y otros actos investigativos considerados clave para esclarecer el destino de los recursos y establecer responsabilidades penales.