La Fiscalía anuló la causa por el desfalco del Fondo Indígena que estaba en curso contra Julia Ramos, la dirigente campesina de Tarija elegida vicepresidenta de la facción del MAS que apoya al gobierno de Luis Arce. La decisión desató críticas, incluso contra Evo Morales. Estas reacciones llegaron desde varios flancos debido al impacto que tuvo este caso de corrupción por la pérdida cercana a los $us 200 millones que sufrió el Estado boliviano. Andrés Flores, diputado de la facción del MAS leal al presidente Arce, afirmó que en este caso no está implicado el presidente porque corresponde a la Justicia. Eso sí, apuntó a Evo Morales, porque fue durante su larga gestión (2006-2019) que estalló este escándalo. “En 2015, nuestro expresidente Evo Morales ha prebendalizado con el Fondo Indígena a las organizaciones entes matrices”, apuntó el legislador respecto al uso político y de movilización social que tuvo su gobierno a merced de estos recursos. Flores recordó que hace nueve años, cuando él formaba parte de las bases del MAS, estaba al tanto de que llegaban recursos de ese Fondo. El actual viceministro de Desarrollo Rural, Ramiro Guerrero, fue fiscal general del Estado entre 2013 y 2018. Fue en esos años en los que estalló en desfalco millonario del Fondo Indígena. En 2017, siendo la principal autoridad del Ministerio Público, Guerrero instruyó cerrar el caso. “He instruido a los fiscales que están viendo el caso ir cerrando y emitiendo resoluciones que correspondan, en este caso una resolución final de acuerdo al análisis y la valoración objetiva que ellos puedan hacer con una acusación formal o sobreseimiento”, dijo Guerrero el 7 de diciembre de 2017, de acuerdo con los archivos de EL DEBER. En marzo de 2023 el ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que la exdirectora del Fondo Elvira Parra, que estuvo como detenida preventiva más de siete años, y Ramos, quien fue ministra de Desarrollo Rural, no tenían ninguna responsabilidad y prometió retirar la acusación. Un año después, justo en marzo de este año, Ramos reclamó el cumplimiento de esa promesa. Sucedió justamente en un acto del Ministerio de Desarrollo Rural, donde Guerrero —el exfiscal— trabaja en la actualidad. El lunes, Ramos informó que el caso fue cerrado. La denuncia del desfalco del Fondo Indígena generó 157 procesos legales. Las pesquisas comenzaron en 2014 y entre las implicadas estuvo Nemesia Achacollo y Ramos, dos de las ministras del gabinete de Morales, además de dirigentes sociales. La denuncia fue sustanciada por Marco Aramayo, quien fue director del Fondo Indígena en 2015. Sin embargo, fue acusado y estuvo siete años en prisión donde murió por efecto de un ACV en 2022. Aramayo fue torturado y recorrió todas las cárceles del país. Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas fue creado vía decreto el 22 de diciembre de 2005 en el gobierno de Eduardo Rodríguez. Su objetivo era ejecutar, “bajo los criterios de eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y participación”, el 5% de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) El “despilfarro y desfalco” en esa entidad alcanzó los $us 182,7 millones en 1.032 proyectos, según investigaciones preliminares de la Fiscalía. De esta merma, sólo se recuperaron $us 1,4 millones. Al momento, no existen personas detenidas bajo este caso.
Estos recursos, originados en la abundante renta petrolera de la pasada década, deberían ser invertidos en proyectos de desarrollo que fueron desviados a fines particulares.
“Nos informaban que daban dos millones de bolivianos de fortalecimiento institucional que apoyaba a las organizaciones. ¿Y qué hacían los dirigentes nacionales? Hacían talleres, pero nunca se llegaban talleres”, afirmó.El gran caso de corrupción
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