Las siete personas que supuestamente iban a conformar el ‘gabinete civil’ de Juan José Zúñiga serán convocadas a declarar, en calidad de testigos, porque deben aportar a las investigaciones, adelantó este lunes el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, quien también defendió el trabajo de la Fiscalía y dijo que las ordenes de aprehensión estaban listas antes de la emisión del documental.
“Sobre la conformación de un gabinete de ministros, vuelvo a aclarar a la opinión pública de que no existen más órdenes de aprehensión ni ampliaciones; pero sí nosotros vamos, a fin de poder llegar a la verdad histórica del hecho, los vamos a convocar exclusivamente para que presten su declaración, pero en calidad de testigos”, dijo en conferencia de prensa.
El jueves pasado, el Gobierno presentó su documental ‘Qué pasó el 26-J’, en el cual acusa abiertamente de la participación de civiles y militares y también menciona a analistas y dirigentes que irían a integrar el ‘gabinete civil’, y se señala a los analistas: Gonzalo Chávez, Joshua Bellot, Paul Antonio Coca, Ana María Maldonado y Jaime Dunn; además de los dirigentes José Luis Álvarez, César González y el abogado Jorge Valda, quien fue aprehendido y liberado el fin de semana.
El fiscal Torrez reiteró una y otra vez que no existe ninguna otra orden de aprehensión y dijo que la anterior semana se liberaron cinco órdenes de las cuales se ejecutaron cuatro: contra Valda, Bismarck Imaña, Marco Antonio Bracamonte y Mario Tanaka. No se ejecutó la orden de aprehensión contra el diputado Andrés Ribera Salas, precisó el fiscal.
Frente a las acusaciones de activar el caso solo cuando apareció el documental, Torrez dijo que los fiscales ya tenían las ordenes de aprehensión, pero no supo explicar cómo obtuvo e Gobierno los datos, nombres, lugares, fechas, mensajes, grabaciones exhibidas en el polémico video.
“La proyección del documental, el suscrito desconocía en relación a la presentación; vamos a suponer, posiblemente, que ha sido ya un hecho netamente de ministerio de Gobierno la publicación, pero nosotros días antes ya habíamos solicitado la emisión de esas órdenes”, justificó el fiscal.
Más adelante dijo que solicitaron la ampliación de las investigaciones, dado que ese plazo vence a finales de abril; evalúan pedir una nueva ampliación. De acuerdo con la Ley, el caso puede ser ampliado por otros seis meses después de la última aprehensión, de tal modo, que ampliarían hasta septiembre.