La Fiscalía Distrital de Tarija presentó ayer una acusación formal contra el expresidente Evo Morales Ayma por el delito de trata y tráfico de personas agravado, tras una investigación de más de un año. La fiscal departamental Sandra Gutiérrez (quien poco después fue cambiada) confirmó la remisión de los 18 cuerpos de investigación al Tribunal Departamental de Justicia para el inicio del juicio penal.
“Se decidió formalizar la acusación contra el expresidente Evo Morales y contra la señora Idelsa Pozo Saavedra, por trata y tráfico de personas agravado, como establece el procedimiento penal”, señaló Gutiérrez en una conferencia de prensa en Tarija.
Según la fiscal, los informes y declaraciones obtenidos durante la investigación sustentan la acusación. “Existen bastantes pruebas testificales e informes de diferentes instituciones”, precisó. La causa, iniciada en septiembre de 2024, se refiere a una presunta relación del exmandatario con una adolescente en 2015, de la cual habría nacido una hija.
Los documentos fueron remitidos a un juez del Tribunal Departamental para que derive el proceso al tribunal correspondiente, donde deberá fijarse fecha y hora del juicio penal. “A partir de ahora, el procedimiento sigue su curso con la notificación a las partes y la presentación de pruebas de cargo y descargo”, explicó la autoridad.
Horas después, la Fiscalía General del Estado, a través del fiscal general Róger Mariaca, corroboró la acusación formal y garantizó que el proceso seguirá su curso conforme a la ley, pese al cambio de la fiscal tarijeña.
“La acusación formal ha sido presentada, se va a continuar con el procedimiento. El tribunal notificará a las partes para que presenten sus pruebas”, afirmó Mariaca, quien recordó que la orden de aprehensión contra Morales sigue vigente y puede ser ejecutada por la Policía Boliviana.
La Justicia actuará
Pocas horas antes de que la Fiscalía oficialice la acusación, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, habló sobre el tema en una entrevista con Fernando del Rincón en CNN, donde prometió que su gobierno no será funcional al MAS y que la justicia actuará con independencia.
Del Rincón le planteó la inquietud de si el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que lo llevó al poder, se convertiría en un refugio del masismo. Paz respondió con firmeza: “La justicia va a caer con aquellos que tengan que cumplir ante la justicia, se llame Evo, se llame Juan, se llame Pepe. Pero Evo tiene una condición especial: a él el Estado nunca le aplicó el rigor de la norma, porque durante 20 años se permitió que la justicia no actuara como debía”, sostuvo.
Y añadió: “Si hay pendientes, esa justicia tendrá que actuar. Este presidente va a poner todo el peso del Estado, pero el presidente no es el que mete a la cárcel”.
Con esas palabras, Paz marcó distancia política del MAS y envió un mensaje de respaldo a la institucionalidad judicial en medio del proceso más delicado que enfrentará el exmandatario.
Relevo controvertido
En un giro inesperado, la fiscal Sandra Gutiérrez confirmó su remoción del cargo poco después de formarlizar la acusación. “Me llegó mi memorándum de agradecimiento de servicios. Lo firmé a las 9:36 de la mañana”, declaró. Aunque evitó vincular su salida con la acusación a Morales, pidió a los medios que hagan seguimiento al caso: “Esperemos que no se caiga como otros”.
Ese mismo martes, el fiscal general Róger Mariaca posesionó a José Ernesto Mogro Palacios como nuevo fiscal departamental de Tarija. Durante el acto, Mariaca destacó la labor de Gutiérrez y exhortó a Mogro a continuar el proceso con transparencia. “Asuma el cargo con responsabilidad y compromiso. Este caso va a seguir su curso conforme a la ley”, manifestó.
El fiscal descartó que la destitución de Gutiérrez tenga relación con el caso. “Esta acusación va a continuar como cualquier otro proceso penal. Tenemos unidades que asumirán la conducción del juicio”, dijo sobre el equipo que continuará el litigio bajo la dirección del nuevo fiscal de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios, posesionado el mismo martes.
El proceso penal contra Evo Morales se remonta a septiembre de 2024, cuando la Fiscalía de Tarija abrió una investigación por presunto tráfico y trata de personas agravado, derivada de una denuncia sobre una presunta relación sentimental del exgobernante con una menor de edad, de la cual habría nacido una hija. Con la acusación formal ya presentada, el proceso contra Morales entra en una nueva etapa judicial.