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Fiscalía dice que ya no es necesario que la Universidad Tomás Frías identifique a quienes participaron de los hechos de 2019

Miércoles, 30 de marzo de 2022 a las 05:47

Por Redacción

Producto de la dilación de la respuesta, el Ministerio Público realizó otros requerimientos. Las casas de estudios superiores se declararon en alerta ante el pedido de esa instancia

La Fiscalía General del Estado comunicó este miércoles que ya no es necesario que la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) responda al requerimiento en el que se solicitaba identificar los nombres de estudiantes y docentes que ocupaban cargos durante los hechos de 2019.

Juan Lanchipa, titular de esa instancia, explicó que producto a la demora en la respuesta a la solicitud, se realizaron otras gestiones para obtener la información necesaria que ayude a esclarecer hechos, por ello ya no es necesario que las autoridades de la universidad respondan al requerimiento.

“A partir de la información que se ha obtenido de las declaraciones de personas investigadas, que habrían participado en la quema de la institución, se conoció que un grupo de jóvenes, aparentemente universitarios, se habrían organizado para llevar adelante la quema, a partir de ello, el Ministerio Público emitió el requerimiento a la Universidad el 2019, 2020 y 2021, pero siempre fue demorando y pidieron plazo”, dijo Lanchipa.

La Fiscalía pretende identificar a las personas que habrían participado de los actos vandálicos y quema del TED en el 2019 y sostiene que hizo la solicitud únicamente a la Universidad Tomás Frías para el esclarecimiento de este caso en específico y no a otras universidades del país.

La autoridad, explicó que, en un primer momento se recabaron elementos de convicción que involucraban a una exdirigente de la universidad, quien guardó detención preventiva, y a raíz de la información que brindó en su declaración se pudo establecer la posibilidad de que hubieran participado otras personas, por ello, la comisión de Fiscales emitió requerimientos en varias oportunidades, respetando la autonomía universitaria con el único objetivo de esclarecer el hecho delictivo que causó un daño económico al Estado.

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