El Ministerio Público de Tarija formalizó la imputación en contra del gobernador del departamento, Oscar Montes Barzón; el alcalde de Cercado, Johnny Torres Terzo; el presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila Reese, y el ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez, a quienes se acusa por el delito de instigación pública a delinquir.
El proceso tiene que ver por su activa participación, al igual que otras figuras opositoras e instituciones, en el paro nacional multisectorial de noviembre de 2021, en rechazo al denominado paquetazo normativo del Gobierno de Luis Arce.
Según el diario El País de Tarija, la denuncia fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre, tres días después de iniciada la medida de presión contra el Gobierno nacional. En su argumento, el dirigente campesino señala que las autoridades, al sumar el apoyo de sus instituciones a las protestas, fueron impulsoras de los enfrentamientos que dejaron varios heridos. La Fiscalía presume que los ahora imputados tenían la intención de dividir la unidad del Estado, incitando a la violencia. Días después de gestarse esta denuncia, el exfiscal departamental, Wilson Tito Tórrez, confirmó el inicio de la investigación y dijo haber sufrido presiones políticas de autoridades nacionales y de la dirigencia del MAS para dar celeridad al proceso.