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Fiscalía advierte que decisión sobre libertad de detenidos es exclusiva de los jueces

Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 12:47

La audiencia programada para el lunes 25 de agosto en La Paz pondrá en el centro del debate jurídico la situación del gobernador de Santa Cruz, detenido desde 2022.

La decisión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, de ordenar la verificación inmediata de los plazos de detención preventiva de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, abrió un nuevo capítulo en los procesos más sensibles de la política boliviana. 

El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó que el próximo lunes se instalará en La Paz una audiencia crucial que definirá la situación jurídica del gobernador cruceño y del líder cívico potosino.

Es una tuición netamente de los jueces el determinar la libertad o no de estas personas, conforme a la etapa procesal en que hoy nos encontramos”, subrayó Mariaca, al remarcar que la mayoría de los casos ya se encuentran con acusación formal. La Fiscalía participará en todas las audiencias señaladas “conforme manda la Ley 260 y la Constitución Política del Estado”, dijo.

Acelerar los tiempos

El Instructivo Nº 18/2025, emitido por Saucedo, ordena a los tribunales departamentales verificar “de manera inmediata” el cumplimiento de los plazos de la detención preventiva en los procesos contra Áñez, Camacho y Pumari, bajo advertencia de resolver lo que en derecho corresponda. El plazo fijado es de 24 horas desde la notificación, y la medida puede aplicarse incluso “de oficio”.

Mariaca reconoció que la Fiscalía conoció inicialmente el instructivo a través de las redes sociales, pero posteriormente fue formalmente notificada. En ese marco, aseguró que ya existe señalamiento de audiencia en el caso de Camacho, mientras que en los próximos días se fijarán las fechas para Áñez y Pumari.

Procesos emblemáticos

La audiencia del lunes pondrá en el centro del debate jurídico la situación del gobernador de Santa Cruz, detenido desde diciembre de 2022 por el caso “golpe de Estado I”. En paralelo, la expresidenta Áñez y el exlíder cívico Pumari también esperan la revisión de sus medidas cautelares, en procesos que han sido cuestionados por organismos internacionales de derechos humanos.

“El tribunal a cargo de la audiencia seguramente va a considerar lo que corresponde por ley. Nosotros vamos a estar presentes para cumplir nuestro trabajo como Ministerio Público”, afirmó Mariaca.

Con el instructivo del TSJ y el seguimiento público de estas causas, se abre la posibilidad de que las decisiones judiciales de los próximos días reconfiguren no solo el mapa judicial, sino también el tablero político de cara a las elecciones subnacionales.
 

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