Medidas cautelaresLa Fiscalía establece que hay peligro de fuga y obstaculización de parte de los tres imputados. Sobre el primero sustenta que “los imputados no se someterán al proceso, buscando evadir la acción de la justicia, habiendo realizado una evaluación integral de las circunstancias existentes.
Un reporte emitido el 27 de junio de 2024 reportó que Zúñiga realizó viajes recientes a Chile, Perú y EEUU; Arnez Salvador, a Colombia, Brasil, Perú y Argentina. Irahola Caero, a Venezuela, Perú, Brasil y Argentina. “Esta información demuestra que tienen facilidades para abandonar el país, concurriendo este riesgo procesal”, se lee en el texto.
“Además, tómese en cuenta que el Estado Boliviano es un país colindante con países vecinos (Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú) de los cuales cualquier ciudadano de nacionalidad boliviana con documento de Cédula de Identidad puede ingresar a los referidos países que están suscritos al Mercosur, este aspecto si bien puede considerarse subjetivo, sin embargo, en el fondo genera una posibilidad latente por lo que demuestra el riesgo de fuga que puedan tener los imputados”, agrega.
El peligro de obstaculización se sustenta en el riesgo de que los imputados “destruyan modifiquen, supriman u oculten y/o falsifiquen elementos de prueba. Conforme a las investigaciones realizadas en la etapa preliminar se tiene que se han realizado diferentes actos investigativos, empero existen actos pendientes por realizar, sin embargo, de ello este riesgo procesal lo fundamentamos teniendo en cuanta el cargo y rango que ostentan, vale decir estamos frente a imputados que tienen los máximos rangos en las FFAA generales y coroneles respectivamente, este aspecto relevante es el que alegamos para fundamentar el presente riesgo procesal (sic)”.
Advierte que existen actos pendientes por realizar entre los que se encuentran: Registro del lugar de los hechos: Estado Mayor. Solicitud de información a diferentes instituciones relacionas con el hecho. Allanamientos. Solicitud de cámaras y de videos a los medios de comunicación. Flujo de llamadas. Recepción de declaraciones.
Menciona una lista de exsubalternos sobre los que podrían influir. Además que “son varias personas que aún van a prestar su declaración en calidad de sindicados y testigos, solo para tener presente ya el caso cuenta con más de quince (15) personas investigadas, todas ellas son militares, por lo que nuevamente traemos como argumento, que los imputados ostentan un cargo alto de mando al interior de las FFAA, extremo que, por supuesto, les permite incidir de manera directa en sus subalternos (jerarquía militar), debe de tomarse en cuenta que hay varias personas que deben de comparecer a prestar su declaración informativa (miembros de las FFAA – Alto Mando Militar, Funcionarios Públicos entre otros de acuerdo al avance de las investigaciones)”.
Por ello, la Fiscalía requirió el plazo de seis meses para la investigación, y solicita detención preventiva de los imputados por ese tiempo en el Centro Penitenciario de Chonchocoro.
Antecedentes
El documento al que tuvo acceso El Deber señala que el miércoles 26 en horas de la tarde, mediante los distintos medios de comunicación se conoció que tropas militares dirigidas por los tres jefes militares, junto a “diferentes miembros militares portando armas de guerra (fusiles FAL entre otros) y a bordo de tanquetas de guerra, y previa coordinación con los integrantes del Alto Mando Militar, asediaron la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz y las puertas del Palacio de Gobierno, con presunta finalidad de deponer al Gobierno constitucionalmente instituido a la cabeza del presidente, Luis Arce Catacora; el vicepresidente David Choquehuanca Céspedes y el Gabinete de Ministros.
Cronología
Luego hace una cronología de lo ocurrido, sustentada en información de medios de comunicación. Marca que militares con los rostros cubiertos, y armados, irrumpieron en motocicletas en la Plaza Murillo. Tras ellos llegó un contingente militar con un tanque blindado donde se encontraba el general Zúñiga.
Transcribe dos entrevistas que atendió el general y subraya que “esas declaraciones dan cuenta de que las intenciones y la finalidad principal de los sindicados era derrocar al Gobierno legalmente constituido; no otra cosa se puede concluir de las expresiones públicas a la luz de lo visto y conocido, se hizo a través del movimiento de personal militar subversivo y la utilización de armas y tanques de guerra; estos, vistos tanto en la Plaza Murillo así como en la ciudad de El Alto en las puertas del Regimiento de Caballería Ingavi”.
Acota que a las 15:35 los militares presentes en la Plaza Murillo, “procedieron a gasificar a la población que se encontraba en los alrededores de ese sector, pidiendo respeto a la democracia y a los militares que se retiren del lugar.
A las 15:55, recuerda que un tanque militar chocó la puerta del palacio de Gobierno para forzarlo. Militares ingresan al palacio de gobierno a la cabeza del general Zúñiga y con el uso de una tanqueta militar, lograron derribar la puerta principal del Palacio Quemado para ingresar por la fuerza.
Describe que, dentro del Palacio de Gobierno, “el señor presidente Luis Arce Catacora en condición de Capitán General de las Fuerzas Armadas, le ordenó replegar a las fuerzas subversivas con las siguientes palabras: Repliegue todas esas fuerzas que tiene ahí afuera; orden que fue desobedecida e ignorada por los sindicados. Asimismo, de acuerdo a la publicación que sigue, el Sr. presidente le dijo al Gral. Zúñiga: ‘¿No me va a hacer caso?’, a lo que el militar responde: ‘no’”.
De los hechos señalados precedentemente se evidencia, dice el documento, una flagrantemente violación a la Constitución Política del Estado por los denunciados quienes tenían por misión constitucional “defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país” y el de “asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido”.
