Las denuncias contra el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo continúan acumulándose. Este martes, Marco Antonio Aramayo, hijo del principal denunciante del caso Fondo Indígena, se apersonó a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para presentar una denuncia verbal por presuntas amenazas de muerte, que —según afirmó— se registran de manera recurrente desde el día anterior.
Aramayo explicó que es la segunda vez que solicita garantías, debido a la reiteración de las amenazas, y que su objetivo es dejar un precedente formal para que el caso sea investigado y quede en conocimiento tanto de la Policía como de la opinión pública. En ese marco, anunció que se adherirá a la denuncia presentada por el abogado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, al considerar que Del Castillo tendría responsabilidad política y administrativa en el caso Fondo Indígena por su rol como autoridad de alto nivel.
“Tiene responsabilidad por haber sido un funcionario de alto cargo dentro del Gobierno. En su momento, la justicia se va a encargar de juzgarlo”, sostuvo Aramayo, quien remarcó que no permitirá —dijo— que el proceso se diluya y pidió una actuación imparcial de las autoridades.
Por su parte, Joel Lara, abogado de la familia Aramayo, confirmó la adhesión a la denuncia ya presentada ante el Ministerio Público y señaló que durante la gestión de Del Castillo se habrían encubierto torturas y vejámenes sufridos por Marco Antonio Aramayo padre en los distintos recintos penitenciarios por los que fue trasladado.
Más temprano, el abogado Martín Camacho, representante legal del gobernador cruceño, presentó una denuncia contra el expresidente Luis Arce y el exministro Eduardo del Castillo por su presunta participación en el secuestro del gobernador. En ese marco, solicitó la aprehensión inmediata de Del Castillo, alegando riesgo de fuga.
Del Castillo fue interceptado en el aeropuerto internacional de Viru Viru, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Chile, desde donde tenía previsto continuar su viaje hacia China.
Tortura sistemática
Las nuevas acciones legales contra Del Del Castillo se apoyan en un informe forense psicológico que fue elaborado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), que documenta maltratos sistemáticos contra Marco Antonio Aramayo Caballero durante los años de privación de libertad.
“El señor Aramayo vivió actos de tortura física, psicológica, biológica y sexual. La lista de maltratos es extensa”, afirmó Lourdes Andrade, responsable del área socio-psicológica del instituto. El documento describe agresiones de efectivos policiales, traslados prolongados encapuchado y con las manos amarradas a distintas cárceles del país, privación de higiene, alimentación y descanso, además de humillaciones y amenazas constantes.
El informe detalla que estas prácticas se repitieron en traslados frecuentes a Oruro, Chuquisaca, Tarija, Pando, Cochabamba, Trinidad y La Paz, al menos dos veces por mes, sin considerar el estado físico del detenido para afrontar audiencias. En uno de esos episodios, durante un traslado a Pando, Aramayo habría sufrido vejaciones constitutivas de tortura sexual tras un motín reprimido en la cárcel de Villa Busch, según el ITEI.
A casi tres años del fallecimiento de Marco Antonio Aramayo (19 de abril de 2022), su hijo Fernando Aramayo denunció que el Órgano Judicial continuó enviando citaciones dirigidas a su padre, incluso después de su muerte. La revelación, incluida en el informe del ITEI, refuerza la tesis de una persecución judicial que no se detuvo ni con el deceso del exdirector del Fondo Indígena.
Según el documento, el exfuncionario enfrentó más de 200 procesos durante siete años de encarcelamiento. El informe contabiliza 194 actos de tortura y malos tratos en el marco de al menos 216 procesos judiciales radicados en varios departamentos. Aramayo falleció a los 54 años por una falla multiorgánica, tras desarrollar múltiples enfermedades durante su encierro.
Para la familia, la persistencia de citaciones judiciales posteriores a su muerte constituye una prueba adicional del desorden institucional, la falta de cierre judicial del caso Fondo Indígena y una deuda pendiente de verdad, reparación y justicia.