El capitán de la Policía, Javier Alberti Uzqueda, fue enviado por cuatro meses a la cárcel de San Pedro en La Paz, tras ser acusado de comercializar un vehículo que fue robado en Chile. Además, de que la institución verde olivo le sigue un proceso administrativo al funcionario. Fue el Juzgado 1ro de Anticorrupción de la capital paceña quien ordenó la reclusión preventiva del acusado, luego de que la Fiscalía la haya solicitado por seis meses. Sin embargo, tras escuchar los alegatos de ambas partes, el juez ordenó la detención, pero solo por cuatro meses. El investigador chileno del Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) Robados, Hugo Bustos, fue quien denunció a Alberti por tener bajo su posesión una camioneta robada en Chile, que había recibido en Uyuni. El sindicado quedó al descubierto cuando decidió poner el motorizado a la venta en sus redes sociales, debido a los constantes controles a autos chutos que realiza Diprove. Por este caso, la Fiscalía lo imputó por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, beneficios en razón del cargo y otros. Sin embargo, previo a su audiencia el acusado volvió a reiterar su inocencia. “Soy inocente y lo voy a demostrar. Acuso al coronel Iván Rojas del Carpio por difamar a la institución policial, por mellar mi dignidad y armar todo este caso”, declaró ante los medios. Por su parte, su abogado defensor, Cesar Rojas, cuestionó la determinación del Juzgado 1ro de Anticorrupción, por no valorar las pruebas de descargos que presentó y anunció que apeló a esta decisión, por lo que espera que le programen una nueva audiencia en la que se pedirá la libertad del acusado. “Hemos demostrado en la audiencia que el delito de enriquecimiento ilícito no existe, que no cumple normas, pero el juez no valoró pruebas de descargo de la defensa. La Fiscalía se basó en rumores, publicaciones d Facebook y denuncias anónimas para fundamentar su acusación”, indicó a los periodistas locales.
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