La bancada de la alianza Creemos envió una misiva al Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, donde denuncian persecución política, amedrentamiento y violación de derechos políticos en contra de asambleístas nacionales de oposición por parte del Gobierno de turno.
Con la llegada al poder del presidente Luis Arce Catacora se inició una persecución (...) Los senadores y diputados no hemos escapado de esta realidad, y a pesar de que gozamos de inviolabilidad por nuestras declaracionescomunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas y expresiones, reza el documento al que tuvo acceso EL DEBER.
Los parlamentarios consideran que el masismo no ha cesado de censurar y deslegitimar
las labores de los opositores como parte de una represalia que se refleja, según la denuncia, en violaciones
graves a sus derechos y desarrollando actos de violencia política, en
especial en contra de mujeres asambleístas. Según la Constitución Política del Estado, las y los asambleístas gozarán
de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad
a este, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos,
interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de
legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el
desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente. Sin embargo, los parlamentarios ejemplificaron las acciones de manera detallada, temas los que también existen pruebas documentales. Uno de los casos más recientes es el de la diputada Tatiana Áñez, a quien la Fiscalía imputó por el delito de lesiones graves y leves a denuncia del legislador masista Héctor Arce, quien la acusó de haberle provocado un leve rasguño, tras situación que se generó en una bochornosa sesión del Parlamento donde los asambleístas de oposición fueron agredidos verbal y físicamente en 2021. Áñez resultó agredida en esa situación y también sentó una denuncia, pero esta no fue aceptada, pero sí la del diputado Arce. Ante esa situación a la diputada opositora le otorgaron medidas cautelares como su presentación ante el Ministerio Público cada 15 días y arraigo, lo que denota un exceso, falta de proporcionalidad, así como dependencia política de la Fiscalía. Otros dos casos se dieron durante el paro departamental de 48 horas que se desarrolló en Santa Cruz el 8 y 9 de agosto. El primero fue el de la asambleísta Eliana Muñoz, quien fue aprehendida por la Policía en el Plan 3000 en un punto de bloqueo cercano a su domicilio, situación por la que fue liberada ante las denuncias que saltaron en diferentes medios.