La justicia del departamento de Pando emitió una orden de apremio contra la alcaldesa del municipio de Cobija, Ana Lucia Reis Melena, por una demanda que realizó la exconcejal Margarita da Silva de Puerta, que reclama el pago de su bono de frontera que asciende a Bs 137.225.
El director de Asuntos Jurídicos del Gobierno Municipal de Cobija, Pedro Melgar, lamentó este fallo de la justicia que ordena la aprehensión de la autoridad edil, inclusive en días inhábiles y en cualquier inmueble en el que se encuentre.
“La jueza ha emitido este mandamiento de apremio contra nuestra alcaldesa, ordenando inclusive medidas excepcionales como la habilitación de horas y, días inhábiles, la ruptura de candados para poder ingresar a cualquier lugar, y cualquier domicilio donde ella se encuentre y detenerla; eso es lo que nos preocupa”, expresó Melgar.
Sin embargo, este no es el único proceso laboral que tiene en su contra Ana Lucia Reis, pues tiene 200 procesos judiciales seguidos por exfuncionarios municipales de la Alcaldía de Cobija, de los cuales entre 10 a 12 tienen orden de apremio en su contra.
“La Dirección Jurídica ha estado atendiendo y atiende todos los procesos de la misma forma y con la misma responsabilidad, contestando las demandas, planteando excepciones en su debido momento, planteando los recursos que sean necesarios, llegando inclusive hasta la casación y este es uno de sus casos”, explicó.
Melgar señaló que hay denuncias de funcionarios que trabajaron desde el año 2000 en adelante y que, pese a haber cobrado sus beneficios sociales demandan a la Alcaldía de Cobija para volver a cobrar; sin embargo, la Dirección Jurídica ha desvirtuado varios de estos procesos, pero esto también genera gastos económicos.
“Imagínense la cantidad de años que tenemos que demostrar, pero aparte de eso también nos generan recursos económicos, porque para tener que demostrar de 10 años atrás, ocho años atrás, cinco gestiones atrás, tenemos que sacar 200, 300, 400, 500 fotocopias para presentar como prueba. Esto es un gasto que realmente el gobierno municipal lo tiene que asumir y lo asume obviamente para poder defenderse”, señaló.
En el caso de la demanda de la exconcejala Margarita da Silva de Puerta, que exige el pago de su bono de frontera que asciende a Bs 137.225, la Alcaldía intentó llegar a una conciliación, pero esta fue rechazada por la demandante. Por esta razón, la justicia ordenó la aprehensión de la alcaldesa.