En Bolivia, las adolescentes que viven en hogares de menores ingresos enfrentan hasta 10 veces más riesgo de quedar embarazadas que aquellas provenientes de familias con mayores recursos, una desigualdad que se profundiza en zonas rurales y en regiones con menor acceso a educación y servicios de salud, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
De acuerdo con el organismo, en 2024 se registraron más de 28.000 casos de embarazo adolescente en el país: 26.666 en el grupo de 15 a 19 años y 1.412 en niñas menores de 15 años.
El representante del UNFPA en Bolivia, Pablo Salazar Canelos, explicó que si bien el mayor número absoluto de casos se concentra en áreas urbanas por la densidad poblacional, la incidencia proporcional es más alta en zonas rurales y en los departamentos del oriente.
“Vemos una concentración del embarazo adolescente en edades más altas, entre los 16 y 18 años. El fenómeno atraviesa a todos los estratos sociales, pero es casi 10 veces más alto en la población más pobre que en la de mayores ingresos. Además, la proporción de adolescentes madres es más elevada en las zonas rurales y en el oriente del país”, señaló Salazar.
Según la Encuesta de Demografía y Salud, departamentos como Santa Cruz, Beni y Pando presentan tasas de embarazo adolescente por encima del promedio nacional.
Salazar destacó que Bolivia logró reducir los embarazos adolescentes de más de 50.000 a alrededor de 28.000 casos anuales en la última década, ubicándose actualmente en el promedio de América Latina y el Caribe, con una tasa específica de fecundidad adolescente de 48 nacimientos por cada mil adolescentes. No obstante, advirtió que el desafío sigue siendo estructural.
A nivel regional, el UNFPA recuerda que América Latina es la segunda región del mundo con mayores tasas de embarazo adolescente, solo superada por África subsahariana.
Meta: cero embarazos adolescentes
En este contexto, el UNFPA lanzó la iniciativa “Meta: cero embarazos en adolescentes”, una propuesta basada en un modelo integral y costo-efectivo de prevención, que prioriza la ampliación del acceso a servicios de salud amigables para adolescentes, educación sexual integral y acompañamiento psicológico.
El objetivo, explicó Salazar, es avanzar hacia la erradicación del embarazo adolescente en un plazo de 10 años, con metas intermedias alineadas al próximo Plan Nacional de Desarrollo. Para ello, subrayó, se requiere un compromiso sostenido del Estado, los gobiernos subnacionales y la sociedad en su conjunto.
“La meta inicial es trabajar en los territorios con mayor prevalencia e incidencia, empezando con entre 10 y 15 municipios, sin descuidar a los más pequeños, donde la intervención deberá ampliarse progresivamente”, detalló.
El programa busca financiarse mediante alianzas con el sector privado y la cooperación internacional, bajo un esquema de corresponsabilidad con los gobiernos municipales y el Estado. Según el UNFPA, se requiere cubrir aproximadamente el 40% del costo total del programa para insumos, equipamiento y capacitación de personal, más allá de los recursos que actualmente destinan los municipios.