El retorno del gobernador Luis Fernando Camacho a Santa Cruz aún está en vilo. Una nueva audiencia que se realizará este miércoles en relación al caso del paro de los 36 días, una movilización que se realizó en 2022 en demanda del Censo oportuno, pero que finalmente se realizó en 2024.
La noche del martes, 26 de agosto, Camacho y el exlíder cívico de Potosí Marco Antonio Pumari, lograron medidas sustitutivas, diferentes a la detención preventiva, dentro del caso del supuesto golpe de Estado I. En el caso del gobernador, se ordenó la detención domiciliaria, con salida laboral, en cambio Pumari obtuvo la liberta pura y simple.
“El gobernador podría ser trasladado a Santa Cruz en unas 72 horas”, mencionó ayer el abogado Martín Camacho, defensa de la autoridad departamental. El jurista detalló que aún quedan pendientes varios trámites y que en otros dos casos también emitan resoluciones similares.
Entre esos otros casos están el proceso por la supuesta compra irregular de un carro bombero y la emisión de un decreto, presuntamente ilegal. El tiempo de su retorno al caso es incierto si se toma en cuenta el estado de los otros procesos.
De acuerdo con el procedimiento, antes de lograr salir de la cárcel de Chonchocoro, el tribunal a cargo del caso Golpe I, debe emitir la orden de libertad y de traslado a Santa Cruz, a Régimen Penitenciario, instancia que en distintas oportunidades ha puesto obstáculos para cumplir ese tipo de instructivos, argumentando la falta de seguridad.
No obstante, en esta ocasión, la desobediencia podría provocar un proceso penal en contra de los responsables de Régimen Penitenciario, en el contexto político que rodea la determinación judicial, que es el alejamiento del MAS del poder Ejecutivo y su control sobre instancias policiales y de la justicia.