El exministro de Justicia Álvaro Coimbra, detenido desde marzo en el penal de San Pedro de La Paz por el casode supuesto “golpe de Estado”, ahora enfrenta un nuevo proceso legal. El Gobierno le acusa por cometer delitos cuando organizó un comité en favor de víctimas de persecución política. El actual viceministro de Justicia, César Adalid Siles, informó que por efecto de la denuncia, la juez tercero Anticorrupción, Claudia Castro, dictaminó la aplicación de seis meses de prisión preventiva contra Coímbra en el penal donde ya se encuentra recluido. Coimbra creó, a través de la resolución 140/2019, el Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de la injusticia. Su abogado, Luis Adolfo Guillén, explicó a EL DEBER que ese organismo fue creado para preservar los derechos de las personas que “por motivos políticos e ideológicos” estaban siendo objeto de demandas legales. Además, explicó el jurista de la defensa, el comité promovió una investigación para establecer el daño y las afectaciones que han sufrido varias personas por efecto de esta persecución entre 2006 al 2019. “Este comité pretendía mal utilizar a los servidores públicos y los bienes del Estado para tratar de cerrar casos, hacer injerencia en la justicia en favor de connotados políticos”, explicó el viceministro Siles. La autoridad citó casos que pudieron beneficiar al empresario y político Samuel Doria Medina en la investigación del supuesto desvío de recursos estatales a emprendimientos privados (Focas) y, eventualmente, a jefes militares por el caso Orbisat relacionado con la compra de radares. No obstante, el abogado de Coímbra señaló que la jueza Castro tuvo que “subsanar” varios errores que cometió la Fiscalía al momento de la imputación, pues no se pudo precisar qué artículo pudo vulnerar el exministro Coímbra cuando creó la comisión también llamada de Justicia y Paz. “La autoridad judicial ha establecido que existiría un ilícito de omisión administrativa. Es una situación contradictoria con la imputación que sostenía que se emitieron resoluciones contrarias a la Constitución y que existía un incumplimiento de deberes”, apuntó Guillén. Coimbra fue ministro de en la gestión de Jeanine Áñez entre 2019 y 2020. Fue encarcelado en marzo por el lapso de seis meses en el marco de un juicio ordinario por el llamado caso de supuesto “golpe de Estado”. Con este nuevo proceso sumará un tiempo similar de detención preventiva que ahora debería cumplirse en enero de 2022. La jueza Castro admitió el riesgo de fuga" entre las razones para el nuevo periodo de detención preventiva a pesar de que Coimbra está encarcelado.
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