Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, quien fue la mano derecha del Arturo Murillo en el Ministerio de Gobierno (2019-2020), fue expulsado por los Estados Unidos. Llegó ayer (miércoles) al país, vía Viru Viru, y fue puesto bajo custodia de las autoridades del país a merced de una coordinación binacional.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó la deportación, mientras que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció la presentación de la imputación formal en su contra por los delitos de daño económico al Estado y legitimación de ganancias obtenidas ilícitamente.
El representante del Ministerio Público indicó que, en virtud de los obrados, se pedirá al Juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz una detención preventiva por el lapso de seis meses. Por eso, en las próximas horas, Sergio Méndez será puesto ante este juez.
Lanchipa recordó que Méndez fue declarado rebelde el 8 de agosto de 2023. Tras ser deportado, la Policía cumplió la orden de aprehensión en su contra en el momento en el que puso un pie en suelo boliviano, nada más al bajar del avión en Viru Viru.
Tras arribar a la terminal aeroportuaria a las 05:00 horas, agentes de Interpol, que aguardaban en el lugar, procedieron a la aprehensión de Méndez. Inmediatamente tomaron un vuelo hasta La Paz. Ya en la sede de Gobierno, y con un chaleco antibalas, el acusado fue derivado hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de su audiencia de medidas cautelares que será hoy.
Gases lacrimógenos La operación, coordinada con autoridades norteamericanas, activó un proceso penal en Bolivia por cargos de corrupción, porque este hombre aparece implicado en la compra, con un sobreprecio de más de dos millones de dólares, de gases lacrimógenos para la Policía. Méndez estuvo detenido en Miami por cargos contra la seguridad de Estados Unidos al verse coludido con Murillo y una empresa estadounidense que pudo sobornar a las autoridades bolivianas para cerrar este negocio. De hecho, quien fue jefe de gabinete en el Ministerio de Gobierno, había sido condenado a tres años y seis meses de prisión por lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas por su relación con la intermediaria estadounidense Bravo Tactical Solutions. La sentencia para Méndez y para los ciudadanos estadounidenses, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld (propietarios de la intermediaria), fue emitida por un juez del Distrito Federal para el Sur de Florida. Por este caso, Murillo también fue detenido en Estados Unidos. El detalle de la pesquisa, así como la decisión de detener a Murillo, fueron reportados a la Cancillería boliviana unas tres semanas antes del 22 de mayo de 2022, el día que se produjo el arresto bajo cargos de lavado de dinero y conspiración para recibir un soborno de $us 600.000 que favoreció a una intermediaria que vendió un lote de gases lacrimógenos para la Policía boliviana por un costo de $us 5,6 millones. Según las investigaciones, Bolivia pagó la suma de $us 5,6 millones a Bravo Tactical Solutions LLC, la intermediaria que adquirió material no letal a la empresa Cóndor, pero por $us 3,3 millones. De acuerdo con la denuncia planteada en octubre de 2020, existió un sobreprecio con daño económico al Estado de $us. 2.3 millones que también implica al exministro de Defensa, Luis Fernando López, quien está en Paraguay, con una solicitud de refugio en trámite desde 2023. El caso de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos fue activado el 8 de junio de 2020, hace cuatro años. En ese tiempo, media docena de legisladores del MAS presentaron una denuncia a la Fiscalía contra Murillo, López Julio, Sergio Zamora Bascopé y Brayan Samuel Berkman.