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Qué dispone el Decreto Supremo 5503: el detalle de todas las medidas de la emergencia económica

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 11:04
FOTO: APG

El Decreto Supremo N.º 5503, mediante el cual el Gobierno declaró la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social, establece un amplio paquete de medidas excepcionales que atraviesan la política monetaria, fiscal, productiva, energética y social del país. Aunque el texto se extiende a 27 páginas y cuenta con cuatro anexos técnicos, el núcleo del decreto está en las decisiones concretas que redefinen precios, incentivos, reglas de inversión, comercio exterior, crédito y transferencias sociales.

Aquí te lo explicamos:

 

1. Declaratoria de emergencia económica

La primera medida es la declaratoria formal de emergencia nacional, que habilita al Ejecutivo a aplicar disposiciones temporales, preferentes e inmediatas. Esta figura permite flexibilizar procedimientos administrativos, acelerar decisiones y concentrar la conducción económica en el nivel central del Estado.

 

2. Facultades extraordinarias al Banco Central

El decreto autoriza al Banco Central de Bolivia a recurrir a instrumentos que hasta ahora estaban limitados: líneas de financiamiento externo, swaps de divisas, emisión de instrumentos financieros internacionales y recepción de garantías del Tesoro. El objetivo es reforzar las reservas internacionales, estabilizar la balanza de pagos y sostener el tipo de cambio.

 

3. Régimen extraordinario de inversiones

Se crea un régimen especial de protección y promoción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras. La medida central es la estabilidad jurídica y tributaria por hasta 15 años, que blinda a los inversionistas frente a cambios normativos posteriores.
El decreto también habilita contratos de inversión con rango normativo, aprobados por decreto supremo, y fija mecanismos de solución de controversias mediante conciliación y arbitraje.

 

4. Aprobación acelerada de proyectos estratégicos

Para proyectos considerados estratégicos —minería, hidrocarburos, energía, agroindustria, infraestructura y manufactura exportadora— se establece un procedimiento fast track, con plazos máximos de 30 días. El silencio administrativo positivo se convierte en regla y el incumplimiento de plazos genera responsabilidades para los funcionarios.

 

5. Ventanilla Única de Inversiones

Se crea la Ventanilla Única de Inversiones Estratégicas, que centraliza la evaluación y aprobación de proyectos. Su función es reducir la burocracia, evitar duplicación de trámites y acelerar decisiones, articulando a Economía, Planificación y Cancillería.

 

6. Regularización y repatriación de capitales

El decreto habilita un régimen voluntario y temporal para declarar y repatriar capitales no registrados.
Los recursos que permanezcan en el sistema financiero o se destinen a inversión productiva acceden a una tasa tributaria del 0%, mientras que el retiro anticipado paga un 5%. La norma excluye capitales vinculados a narcotráfico, terrorismo o corrupción con sentencia ejecutoriada.

 

7. Incentivos tributarios a la producción

Se introducen medidas de alivio tributario para reactivar la economía:

  • incentivo adicional al consumo de productos hechos en Bolivia vía RC-IVA
  • depreciación acelerada de activos productivos
  • deducciones ampliadas para profesionales independientes
  • reconocimiento parcial de aportes patronales como pago a cuenta del IVA

 

8. Facilidades aduaneras e importación de insumos

El decreto difiere a 0% el gravamen arancelario para la importación de maquinaria, equipos e insumos industriales clave hasta 2026. La medida busca reducir costos productivos y estimular la inversión privada.

 

9. Nuevo régimen para emprendedores

Se crea el Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores (SIETE-RG), un monotributo del 5% sobre ventas brutas, que unifica IVA, IT e IUE. Está dirigido a pequeños negocios y profesionales en transición al régimen general, con facturación anual limitada.

 

10. Eliminación de autorizaciones previas de importación

El decreto elimina la autorización previa del SENAVEX, considerada una traba administrativa. Desde ahora, la importación de varios productos queda sujeta únicamente al régimen aduanero general y a normas técnicas, sin permisos adicionales.

 

11. Liberalización de exportaciones agropecuarias

Se elimina el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo como requisito previo para exportar productos como maíz, sorgo, azúcar y carne. El abastecimiento interno será monitoreado, pero sin fijación de precios ni cupos, restableciendo la libertad de exportación.

 

12. Diferimiento de créditos

Se autoriza el diferimiento automático de créditos para vivienda de interés social y para micro y pequeñas unidades productivas, por hasta seis meses. El decreto prohíbe la capitalización indebida de intereses y protege la calificación crediticia de los prestatarios.

 

13. Saneamiento extraordinario de deudas tributarias

La Administración Tributaria queda facultada a prescribir de oficio intereses y sanciones de obligaciones anteriores a octubre de 2025. La medida busca limpiar cartera tributaria y reducir litigios, sin devolución de pagos ya realizados.

 

14. Nuevo régimen de precios de combustibles

El decreto fija precios finales de combustibles por un periodo transitorio de seis meses, incluyendo gasolina, diésel y GLP, y establece una metodología de ajuste posterior. En el caso del GNV, se define un precio transitorio y un nuevo esquema de cálculo.

 

15. Retiro temporal del diésel como sustancia controlada

De forma excepcional, el diésel sale de la lista de sustancias controladas por un año. La medida elimina permisos previos y aranceles específicos para facilitar importaciones y asegurar abastecimiento al transporte, la producción y la agroindustria.

 

16. Medidas sociales compensatorias

El decreto incorpora un paquete social:

  • Bono Juancito Pinto 2026 fijado en Bs 300
  • incremento de Bs 150 a la Renta Dignidad para no rentistas (antes de Bs 350 y ahora de Bs 500)
  • creación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), con transferencias económicas temporales a familias vulnerables.

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