Desde las 10:30 la Cámara de Diputados sesionará para tratar proyectos de ley de transferencias y una ratificación de acuerdo, pero no figura en la agenda el proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que debe tratar el parlamento para que el país salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
“En agenda: proyectos sobre salud, seguridad, desarrollo productivo y acuerdos internacionales”, señala la escueta convocatoria de la Cámara Baja para este miércoles.
El 13 de junio, mientras explotaba otro caso de corrupción en el país que involucra a un ministro del Gobierno de Arce y altos magistrados judiciales, se conocía el informe del Gafi que daba a conocer que Bolivia pasaba a la lista gris por el deficiente cumplimiento en recomendaciones para la lucha contra el lavado de activos.
Desde octubre de 2021 el Gobierno no puede aprobar una norma por oposición de los gremiales y por las divisiones internas que tiene. aquel año el fallecido dirigente, Francisco Figueroa, logró el retiro del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, conocida como ley 218 y que estaba en tratamiento en la Cámara de Diputados. Después de tres semanas de protestas el Gobierno recogió su proyecto de la Asamblea en un intento por desactivar la movilización.
Pero el septuagenario dirigente subió la presión y recordó que ese proyecto ya tenía un decreto, el 1386, denominado 'Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo' que fue convertido en Ley en agosto de 2021, Figueroa la llamó, “Ley madre” y exigió su abrogación.
Para la segunda semana de noviembre de ese año, el Gobierno se vio arrinconado nuevamente porque a las protestas de gremiales se sumaron los transportistas y muy pronto los cívicos que pedían la abrogación de otras cuatro leyes. Al Gobierno no le quedó otra alternativa que abrogar la ley.
En 2023 el Ejecutivo volvió a la carga y repuso el proyecto de Ley 280 bajo el nombre de “Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, pero no duró mucho, en el lapso de dos semanas nuevamente el Gobierno tuvo que retroceder. El tratamiento se inició el 4 de abril de 2023 y fue retirado el 17 de ese mes.