La diputada chiquitana por Creemos, María René Álvarez, explicó que, según la cláusula 7 del contrato entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Gobierno nacional, por 112 millones de dólares para la construcción de la carretera Km 13 doble vía a La Guardia – Buena Vista, los plazos para los desembolsos ya vencieron, situación que -para ella- se constituye en "otra irregularidad.
“Necesitamos información de la CAF y del Ministerio de Obras Públicas sobre estos desembolsos”, manifestó Álvarez en conferencia de prensa, a tiempo de explicar que en la cláusula 7 del contrato, firmado el 14 de septiembre de 2017, se establecen dos plazos.
Citando a la mencionada cláusula, aclaró que el prestatario tendrá un plazo de seis meses para solicitar directamente o por conducto del organismo ejecutor el primer desembolso, y de 48 meses para solicitar el último desembolso. Ambos plazos serán contados desde la fecha de entrada en vigencia, agregó.
La diputada expresó que seguirá pidiendo todos los informes necesarios, tanto al Ejecutivo como al organismo internacional de financiamiento, que hasta la fecha guarda silencio sobre los riesgos ambientales a la zona de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Urubó-Güendá, y ahora también en torno al contrato que fue aprobado en abril de 2018.
En la inspección in situ realizada el martes por la Brigada Parlamentaria cruceña y concejales de oposición en la UCPN Urubó-Güendá, sobre el lecho del río, los legisladores evidenciaron que el tramo que propone la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) afecta al bosque virgen de la zona y vuelve a amenazar a los reservorios de agua que abastecen a la zona metropolitana de Santa Cruz, que provee el 60% de este líquido vital, según datos de la Gobernación de Santa Cruz.